El fiscal detecta una cooperación mayor de los alcaldes contra el urbanismo ilegal

Los ayuntamientos de la provincia de Málaga actúan ya con más decisión contra las ilegalidades urbanísticas. Así lo reconoce el fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, en la memoria del ejercicio 2009 que presentó ayer y en la que resalta que "parece que se produce una nueva etapa en la colaboración con la fiscalía, ya que existe un mayor número de Ayuntamientos que a iniciativa de ellos mismos, van poniendo en conocimiento de esta hechos puntualmente delictivos de los que vienen teniendo conocimiento se producen en sus respectivos términos municipales".

Los municipios más activos en estas denuncias fueron los de la capital de la provincia y de Vélez Málaga, que formularon 60 y 53 denuncias respectivamente a lo largo del año 2009, y que según el fiscal ya venían manteniendo una "intensa actividad de colaboración".

El resto de ayuntamientos de la provincia sumaron el año pasado 39 denuncias por delitos urbanísticos, 30 más que en el ejercicio anterior. Hasta 15 municipios distintos llegaron a formular alguna denuncia ante la fiscalía, que resalta explícitamente la labor de Alhaurín de la Torre, gobernada por el PP, que presentó 12 denuncias. Le siguen Álora, con cuatro, y Antequera y Alhaurín el Grande con tres.

El fiscal también destaca las "magníficas relaciones" con la administración autonómica y especialmente el aumento de denuncias procedentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Calvo Rubio dijo no haber sentido "presión alguna" por el fuerte movimiento político de todos los partidos que reivindican que no se trate por la vía penal la concesión de licencias en suelo rústico no urbanizable, problema especialmente agravado en la comarca de La Axarquía, donde se estima que existen más de 10.000 viviendas en esta situación. El fiscal dijo sentirse respaldado por el legislador, ya que la reforma en trámite del Código Penal va a agravar las penas por estos delitos y además va a introducir específicamente el de prevaricación omisiva.

Durante el año pasado, la fiscalía de Medio Ambiente de Málaga abrió 438 expedientes de investigación por los distintos delitos de los que se ocupa, de los que el grueso principal, 277 fueron contra la ordenación del territorio. Los tribunales malagueños dictaron 59 sentencias por delitos urbanísticos, 42 de las cuales por construcciones ilegales que en 31 casos se saldaron con condena. De las 17 sentencias por prevaricación, sólo una fue absolutoria.