Xunta y Gobierno desbloquean la depuradora que saneará la ría de Vigo

La construcción de la nueva depuradora que debe sanear la ría de Vigo quedó desbloqueada ayer. Costará 230 millones de euros, será de propiedad municipal y el Ayuntamiento asumirá también su gestión a través de una empresa concesionaria, lo que permitirá deducir del montante de la inversión el IVA (38 millones de euros), que era el último escollo -a quién correspondía pagarlo, si al Ayuntamiento o a la Xunta- que ha mantenido estancado el proyecto durante los últimos meses. Finalmente, será el Estado el que no ingrese ese impuesto. La depuradora es esencial para esquivar la multa de al menos 20 millones de euros impuesta por la Unión Europea a España, si no se frena la contaminación de la ría viguesa.

La revisión por parte de la Xunta del convenio, en fase de borrador, suscrito por el bipartito, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento vigués, suscitó sucesivos aplazamientos en la licitación del proyecto y la obra, que teóricamente habían dejado lista para ejecutar las tres Administraciones implicadas antes de las elecciones autonómicas del año pasado.

Tras el periodo de "aterrizaje" en la Consellería de Medio Ambiente, su titular, Agustín Hernández, paralizó el proyecto por su disconformidad, primero, con el cargo de la acometida eléctrica, por entender que correspondía al Ayuntamiento y no a la Xunta afrontarlo. Cuando el ministerio diluyó ese coste en su propia aportación, surgió el problema del IVA, que ayer quedó solventado con la propuesta, sorprendentemente novedosa, del secretario de Estado del Agua, Josep Puxeu, que participó en la reunión negociadora de con Hernández y el alcalde vigués, Abel Caballero.

La concesión municipal de la explotación de la depuradora a una empresa -pública, privada o con diversos rangos de participación: aún está por definir- permitirá a esta empresa recurrir al IVA deducible, esto es, que una vez pagado, pueda reclamar su devolución, un trámite circular prohibido para la institución municipal. El ministerio aportará para la obra 112 millones de euros; la Xunta, 104, que a su vez serán financiados por AcuaNorte y cuyos intereses elevarán la cuota autonómica a 120 millones; y el Ayuntamiento de Vigo pondrá los terrenos.Será la empresa concesionaria la que afronte el pago de las expropiaciones del suelo necesario, valorado en 10 millones de euros; otra parte, valorada en 3,6 millones, procederá del solar que ocupa la actual planta. El alcalde vigués, que rehusó adelantar ninguna fecha sobre la ejecución de la obra, se felicitó por el resultado alcanzado, que otorga al Ayuntamiento la propiedad de la nueva planta, en la que la Xunta juega un papel de mero subvencionador cuando es la propietaria de la actual.

No obstante, la Consellería de Medio Ambiente valoró ayer mismo el desbloqueo del proyecto "de forma positiva" y mostró su esperanza de que el convenio se pueda rubricar en unas semanas, informa Europa Press.La Xunta, según la misma fuente, ya tiene preparado el decreto de urgente ocupación de los terrenos, que podrá ser aprobado una vez que el Ayuntamiento haga "la correspondiente retención de crédito" para pagar las expropiaciones.

Caballero afirmó que el acuerdo de ayer y su correlato inmediato, la firma del convenio, anulará la sanción europea por la contaminación de la ría, que el estancamiento del proyecto había convertido en la preocupación principal. Los vecinos del área, castigados por el deficiente funcionamiento de la actual planta, prometen mantener sus litigios contra la nueva.