La Xunta interroga y graba a ganaderos durante horas por la "trama agraria"

Interrogatorios que duran horas, grabadora en mano, por los que pasan desde agricultores, ganaderos, presidentes de asociaciones rurales y trabajadores del sindicato Unións Agrarias. La Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda, a la vez secretario general del Partido Popular de Galicia, ha tomado el mando en la investigación que la Xunta lleva a cabo sobre el destino de las subvenciones concedidas por la Consellería de Traballo para sufragar contratos a colectivos rurales y que motivaron una denuncia del PP en el juzgado "por fraude y malversación" de fondos públicos.

Semana y media después de que los populares, por boca de su portavoz Antonio Rodríguez Miranda, y del propio Rueda, que llegó a dar una rueda de prensa en la sede del partido en A Coruña, denunciasen "la trama agraria para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros para el PSOE", funcionarios de Presidencia, en concreto de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, han empezado a realizar largos interrogatorios (algunos durante más de dos horas) a personal de asociaciones rurales que los inspectores de la Xunta registran con sus grabadoras.

Lo que el Gobierno gallego llama "entrevistas para recabar información", comenzó el pasado martes, y desde entonces los funcionarios del departamento de Rueda ya han interpelado a varios colectivos de Rodeiro, Ordes, Carballo, Lalín y también al personal de Unións Agrarias en su sede central de Santiago. Que sea la Consellería de Presidencia la que dirija los interrogatorios, en los que los subinspectores de Traballo apenas intervienen, lo justifica Presidencia alegando que fue la propia Consellería de Traballo la que solicitó la colaboración de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa para esta investigación. Fuentes de la Xunta explicaron a EL PAÍS que este departamento, tiene entre sus competencias ejercer "funciones de auditoría y control sobre todas las consellerías del Gobierno gallego".Según el decreto que regula el funcionamiento de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, este departamento podrá desempeñar esas tareas de control y auditoría cuando "con carácter extraordinario, le sean encomendadas por el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza".

En otras palabras: el mismo Rueda que el pasado 7 de junio -como secretario general del PP- admitió en rueda de prensa en A Coruña que, en aquel momento, no había pruebas para avalar las acusaciones de financiación ilegal del PSOE lanzadas por Rodríguez Miranda el día anterior, ordenó una semana después, ya como conselleiro, a los inspectores de la citada dirección general investigar a Unións Agrarias. El 17 de junio, la página web del departamento de Presidencia anunciaba el inicio de las inspecciones que ni siquiera había notificado a las entidades que según el PP defraudaron ayudas.

De momento, los populares sólo han probado que Unións Agrarias gestionaba nóminas y papeleo a una treintena de entidades rurales y que en algún caso el personal contratado por las asociaciones a través de las ayudas desempeñaba funciones en el sindicato. El episodio de una trabajadora de Unións Agrarias contratada en 2006 a través de este mismo programa y que declaró haber hecho campaña para el PSOE de Muxía por orden de Félix Porto -en ese momento candidato socialista en aquel municipio y dirigente del sindicato- ha llevado a Miranda y a Rueda a pregonar un caso de "corrupción generalizada" de los socialistas.

De hecho los populares anunciaron que presentarán este mes una querella contra Unións Agrarias, sindicato al que atribuyen media docena de delitos. Rueda y Miranda admiten que están en la fase de buscar pruebas. Entretanto, Presidencia reconoció ayer a este diario que es la primera vez, desde que gobierna el PP, que la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, se mete a investigar subvenciones. Y eso que, según la interpretación del Gobierno gallego, este departamento está facultado -bastaría una orden de Rueda- para fiscalizar cualquiera de las miles de ayudas que concede la Xunta.

No hay noticia de que, por ejemplo, sus inspectores vayan a visitar al alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), fundador de una entidad que como las que se investigan recibió fondos para contratación.

El supuesto escándalo acumula varios frentes judiciales. Unións Agrarias se ha querellado contra la Xunta a la que acusa de "prevaricación y desviación de poder" por lo que calificó como "asalto a sus sedes" por parte de inspectores de Traballo a principios de este mes. Al saberse acusado por Miranda y Rueda, el anterior conselleiro de Traballo del bipartito, Ricardo Varela, decidió autodenunciarse en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para "limpiar" su imagen y frenar "la caza al rojo" que a su juicio había iniciado el PP.