Las mafias de la inmigración siguen impunes

Los últimos en intentarlo han sido cinco hombres marroquíes. Se subieron a una barca hinchable de juguete. Pretendieron alcanzar la costa gaditana a remo pero la Guardia Civil les avistó antes, cuando ya solo les quedaban tres millas para llegar a Tarifa. La inmigración clandestina se ha reducido considerablemente en el último año en la provincia de Cádiz, según consta en la memoria de la Fiscalía de Extranjería de 2009, pero los intentos no se detienen. En este documento, el fiscal delegado, Álvaro Conde, pone su acento en las dificultades que tiene la justicia para poder identificar y condenar a los organizadores de los viajes. El miedo o los pactos previos provocan que rara vez los ocupantes de una embarcación o los pasajeros de un vehículo declaren contra el patrón o el conductor.

Los testigos exculpan a los acusados por pactos previos al viaje

Según consta en la memoria, con datos policiales, en 2009 llegaron hasta la costa gaditana 51 embarcaciones, sumando las contabilizadas en el Campo de Gibraltar, donde arribaron la mayoría, y el resto del litoral. Es un 33% menos que en 2008. Llegaron 560 personas a bordo, la mayoría marroquíes; 262 no fueron devueltos y permanecieron en España, bien porque eran menores, porque estaban embarazadas, por no haber podido ser documentados o por haber sido imputados. Estos últimos fueron los menos. Sólo ocho pudieron ser acusados de la comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El fiscal reserva un apartado para explicar los problemas de prueba a los que se enfrenta el Ministerio Público para poder afrontar un caso de inmigración clandestina. Las dificultades son diferentes en función de si la llegada se ha producido por mar o por tierra, aunque en ambos casos existen complicaciones. "En las pateras cuesta identificar el piloto de la embarcación porque los cuerpos de seguridad no siempre pueden captar con imágenes al que va de tripulante. Se hace necesario otro tipo de prueba basada en que los inmigrantes delaten al patrón. Pero no es fácil. El patrón suele camuflarse entre el resto de ocupantes y pasar como uno más", describe el fiscal.

En el caso de los viajes en tierra, la memoria destaca que la mayor parte de las pruebas de cargo en los juicios orales han sido los testimonios policiales. "La práctica demuestra que la prueba anticipada de la declaración testifical de los inmigrantes apenas sirve, puesto que los testigos suelen exculpar a los imputados-transportistas", destaca el documento.

Estos problemas de prueba derivan de conductas pactadas y pagadas. La fiscalía recomienda "un adecuado interrogatorio a los intervinientes con el objeto de encontrar contradicciones tales que muevan al juzgador a pensar en el previo concierto". La memoria destaca, no obstante, que no siempre se consigue.

El pasado año fue importante para la Fiscalía de Extranjería de Cádiz porque, según destaca Álvaro Conde, ha sido el primero en que ha comenzado a dar resultados loables el protocolo de actuación con extranjeros menores de edad no acompañados. "Se firmó en 2006 con carácter pionero pero no ha sido hasta el año pasado cuando hemos visto que el funcionamiento haya sido completamente eficaz. Ha tenido que tener sus años de rodaje". El protocolo se fijó como objetivos coordinar las actuaciones de todas las administraciones e instituciones implicadas, establecer un marco legal y conseguir que los menores pudieran ser incluidos en un registro.

Este plan determina que cuando llegan menores sean enviados a centros especiales, concretamente al de Nuestra Señora del Cobre, en Algeciras, donde el año pasado fueron ingresados 401, y al de la Inmaculada Concepción, en La Línea, donde entraron 67. El Hospital Punta Europa, de Algeciras, ha sido considerado de referencia para la realización de las pruebas oseométricas en el caso de que existan dudas sobre la edad de los inmigrantes. La mejora de estas pruebas ha conseguido detectar menores de edad que habían sido ingresados en centros de mayores y, también al contrario. En siete casos que dijeron tener menos de 18 años se pudo demostrar su mayoría de edad.

La fiscalía también critica el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras, que no presta servicios sociales y da sensación de cárcel. En cambio, ensalza a la asociación Cardjin en el centro de Tarifa: "Sus actividades les hacen más llevadera su estancia, les enseñan y orientan sobre la realidad que se van a encontrar en España y les ayudan a aprender español".