En contra de la rebaja fiscal

La Xunta está tramitando la rebaja de la fiscalidad vinculada a la adquisición de vivienda nueva. Aunque el proyecto de ley contiene alguna otra medida referida a la compra para rehabilitación, el núcleo se encuentra en la intención de compensar la inminente subida del IVA del 7% al 8% en el caso de este tipo de vivienda. Puesto que la vivienda usada está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales al 7%, la Xunta tenía dos opciones para equilibrar el tratamiento de un tipo u otro de vivienda. Incrementar la tributación de las usadas o rebajar los impuestos adicionales que gravan a las viviendas nueva pero no a las usadas (actos jurídicos documentados). Aunque la discusión pueda resultarle aburrida y técnica al lector mediano de un periódico, sus implicaciones políticas y presupuestarias hacen que merezca la pena pensar sobre ello.

En un momento de tensión en la sanidad y la educación, no es razonable renunciar a esos recursos

Lo primero que hay que decir es que la Consellería de Facenda ha hecho sus deberes, acompañando el anteproyecto de ley de una memoria justificativa y otra económica, elaboradas con rigor y que permiten discutir con fundamento. Sería muy positivo que todas las normativas futuras que se elaboren en el ámbito autonómico contasen con un sustento similar. A partir de ahí, existe una consideración económica y otra política que me llevan a valorar negativamente el proyecto.

En un contexto de fuerte demanda de adquisición de inmuebles, como el de hace tres o cuatro años, la parte vendedora lo tenía muy fácil para apropiarse de las ventajas fiscales concedidas a los compradores o conseguir que fuesen estos los que soportasen los incrementos de impuestos que formalmente tuviese que pagar el vendedor, como el caso del impuesto local sobre construcciones. Bastaba con subir el precio de la vivienda; siempre había un comprador dispuesto financiado por una generosa (y a veces poco responsable) entidad financiera.

Hoy las cosas han cambiado de forma radical. Existe una amplia oferta de pisos y casas sin vender y una demanda desanimada por la dificultad de obtención de créditos y las exiguas expectativas de ganancia en un bien cuyo precio tiende a la baja. En esta situación, una subida de impuestos que formalmente grave al comprador (la subida del IVA o de transmisiones patrimoniales del 7% al 8%) va a acabar siendo realmente soportada por la parte vendedora, que va a tener que bajar el precio de la vivienda si quiere vender. De hecho, en estos momentos se están vendiendo casas sobre plano en las que en el contrato privado la constructora se compromete expresamente a hacerse cargo del incremento del IVA. En definitiva, la coyuntura actual hace que las subidas impositivas que afectan a las viviendas vayan a ser casi siempre soportadas por la parte vendedora, que tendrá una menor ganancia.

Por eso creo que la búsqueda de la neutralidad en la compra de vivienda nueva y usada debería hacerse subiendo los impuestos que gravan las operaciones con viviendas usadas, y no revisando a la baja los que afectan a las viviendas nuevas. Esto es lo que se hizo en su día en prácticamente todas las comunidades autónomas cuando el tipo reducido del IVA subió del 6% al 7%. Y aquí aparece la consideración política a la que antes me refería. En vez de minorar los ingresos de la Xunta en más de 7 millones de euros, como estima la Dirección Xeral de Tributos, los estaríamos subiendo en una cuantía significativa, probablemente otros 10 millones (sólo la Xunta podría hacer los cálculos con precisión). Por tanto, entre hacer una cosa u otra median más de 15 millones de euros. En un momento de necesidad de ajuste fiscal y de fuertes tensiones financieras en servicios fundamentales como la sanidad y la educación, no me parece razonable renunciar a esos recursos. Sobre todo pensando que, al final, el incremento de impuestos lo acabarían pagando unos empresarios y particulares que, en general, han devengado fuertes plusvalías durante los años del boom inmobiliario.