Crisis de valores

La crisis financiera y económica que padece España ya forma parte de nuestra más cruda realidad. Atrás quedan toda clase de explicaciones que disfrazaban, por decirlo suavemente, la percepción que de esta situación ya teníamos los ciudadanos. El Banco de España lo advertía en el año 2008, mientras el Gobierno miraba para otro lado en un intento de desactivar la alarma que venia sembrando la oposición. Hoy ya no se duda, y ahí están los datos que diariamente se facilitan por todos los medios de comunicación, para hacer ver que los ciudadanos entienden que la gestión de esta crisis no se ha llevado acertadamente y que la mayor responsabilidad, lógicamente, debe recaer sobre el presidente de Gobierno. Tampoco cabe duda de que esta forma de gestionar le ha distanciado de los ciudadanos.

Sin embargo pienso que, a diferencia de la solución de una crisis que va para largo, este distanciamiento puede empezar a acortarse. El reconocimiento de la realidad económica y la adopción de medidas aceptadas por los foros económicos internacionales permiten presumir de su eficacia. En cambio, la posición del Partido Popular, haciendo del miedo su bandera y su nula participación en la adopción de estas medidas, puede hacer que el distanciamiento del Gobierno con los ciudadanos sea cada vez menor. Seguramente será por hacer verdad aquello que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Y ya sabe el PP como le fue en su anterior campaña con el miedo.

En todo caso, además de la Crisis con mayúsculas hay otras que, no por no afectar a la economía, no dejan de tener su importancia. Esta semana a poco que se hayan hojeado los medios de comunicación hemos sabido que el alcalde de El Ejido ha salido de prisión y se niega a abandonar el Ayuntamiento.

También que el presidente de la Generalitat valenciana deja que las urnas sean las que determinen su inocencia por el delito de cohecho impropio por el que está imputado. Igualmente hemos conocido que un juez -Urquía- ha sido condenado a dos años de prisión por los delitos de cohecho y prevaricación y algún año más de inhabilitación. Y a otro juez, cuyo nombre y apellidos aparecen en los medios con las letras R.C., le interesa el fiscal una pena de tres años y algo más de prisión. Se le acusa de vejar a su ex pareja y le atribuye, entre otros actos, invitarla a beber su orina como señal de amor, amén de atizarle algún latigazo y dirigirle algunas expresiones miserables que, por esta razón, me niego a seguir reflejando.

Son noticias de hechos que ya se han reflejado en alguna sentencia o están dentro de procedimientos judiciales avanzados con acusaciones e imputaciones ya formalizadas respecto de personas con poder, como son jueces, alcaldes o presidentes de una comunidad. Y en estos casos echo de menos que las instituciones, que representan a la judicatura y a los grupos políticos, salgan y digan públicamente que rechazan sin fisuras estos comportamientos. Esta ausencia de respuestas, a diferencia de otras actuaciones que surgen frente al adversario político o por razones puramente corporativas como se ha visto en la reciente huelga de jueces, no invitan a pensar que este desprestigio, que cada vez alcanza más a la política y a la justicia, pueda cambiar de tendencia en un futuro.

Se impone, pues, que propiciemos entre todos un cambio de tendencia. Es muy importante para el Estado en general y para cada ciudadano en particular recuperar la confianza y el bienestar que disfrutábamos. Medidas económicas ya se están adoptando con esta finalidad a nivel del Estado y de Andalucía. Pero es tan importante o más que el interés por los votos para acceder al gobierno y el corporativismo no se empleen para excusar con el silencio una falta de valores en quienes nos dirigen. En estas crisis se echan en falta algunas medidas.

El Parlamento es el mejor lugar para adoptarlas con unas leyes que pongan freno a estos poderosos que no pierden su poder ni en prisión ni en libertad vigilada.