La Junta ofrece su apoyo para que las asociaciones agrarias fijen los precios

Ocho meses después del compromiso asumido por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, la Junta presentó ayer un plan de intenciones para combatir la crisis en el sector agrario. El llamado Documento de Interlocución Agraria (DIA) consta de 22 medidas e incide en el apoyo del Gobierno andaluz a la subida de los precios en origen y para garantizar rentas mínimas a los agricultores en caso de bajas cosechas o desequilibrios en el mercado.

El Ejecutivo andaluz tan solo puede aportar su apoyo ya que, tal y como reconoció la propia consejera de Agricultura, Clara Aguilera, "la Junta no tiene competencia reglamentaria en cuanto a la fijación de precios, ni cuenta con herramientas para actuar". El Gobierno autonómico se ha comprometido a pedir a la Comisión Nacional de la Competencia que declare al sector agrario exento de cumplir lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe fijar precios de mercado "salvo excepciones".

La Junta impulsará una modificación de la ley de Contratos Tipo para permitir que las organizaciones interprofesionales fijen los precios mínimos en función de los costes reales de producción.

El Ejecutivo andaluz plantea también la mejora del sistema de seguros agrarios con la inclusión de un mecanismo de garantías de renta especialmente adaptado a las necesidades de las explotaciones agrarias andaluzas. Estas garantías vendrían a suplir al desaparecido precio de intervención que, como en el caso del aceite de oliva, era un colchón que los productores tenían cuando el mercado se desplomaba.

La Junta considera "prioritario" facilitar liquidez a agricultores y ganaderos, y que mediante resolución administrativa se puedan fijar condiciones específicas de préstamos y avales para poder atender a sectores con especiales problemas financieros.

En materia de fiscalidad, el plan propone el incremento del IVA compensatorio y la reducción del IVA asociado a los costes de producción. Asimismo se va a solicitar una reducción del IVA en las tarifas eléctricas en los regadíos, y se propone la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico ante la actual falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias y el aumento de los costes. Otro compromiso adquirido por el departamento de Aguilera es la reducción de los módulos del IRPF para adaptarlos a los ingresos reales de los productores.

Para facilitar la incorporación de los jóvenes, se propone priorizar en la normativa actual la concesión de ayudas a aquellos jóvenes que se instalen mediante arrendamientos rústicos de fincas y explotaciones. Ayer mismo, la COAG alertó de que, actualmente, apenas un 4% de los titulares agrarios son menores de 35 años, mientras casi el 60% tiene más de 55 años.

La apuesta por los cultivos energéticos es otra de las medidas del plan, que aboga también por impulsar la investigación para la aplicación de métodos de control de plagas y enfermedades más sostenibles en nuevos cultivos como cítricos, olivar, hortícolas al aire libre y fresa. También se hará un estudio agronómico y social de nuevos cultivos para su implantación en Andalucía (reconversión) y alternativas a los cultivos existentes (reestructuración).