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El PP permite ahora explotar minas en los suelos protegidos de A Terra Chá

El PP facilita ahora un proyecto por el que se movilizó contra el bipartito

La lucha de buena parte del tejido social de A Terra Chá contra la empresa Erimsa para impedir la extracción de cuarzo en la comarca se ha reactivado en las últimas semanas. Con el conflicto estancado en una batalla legal que mantiene abiertos cinco contenciosos en los juzgados de Lugo, un cambio introducido por el PP durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo aprobada a finales de marzo ha encendido las alarmas entre la oposición al proyecto: la actividad minera en suelo rústico de especial protección agropecuaria -calificación bajo la que se encuentran la mayoría de los terrenos afectados por las concesiones hechas públicas en noviembre de 2006- ha pasado de "uso prohibido" a "posible", es decir, puede ser autorizada desde la Xunta.

La minería en suelo agrario ha pasado de uso "prohibido" a "posible"

Erimsa reconoce que la tramitación directa con la Xunta les beneficia

La pirueta legal ha dejado en una posición incómoda a los alcaldes del PP en la comarca. Cuando se otorgaron las tres concesiones, los populares, que en aquel momento gobernaban en los seis ayuntamientos afectados, se unieron para solicitar a la Consellería de Industria la derogación del proyecto. El entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, llegó a calificar las autorizaciones de "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Chá".

"Decisiones anteriores tomadas por otros partidos también beneficiaron a la explotación", se defiende ahora el regidor de Cospeito, Armando Castosa, "y no me parece reseñable opinar desde el punto de vista político".

La intención de Erimsa de ejecutar la concesión para la extracción de cuarzo otorgada por la entonces Consellería de Innovación e Industria dependía hasta ahora de las licencias municipales en litigio. Desde la modificación legal, cualquier nueva solicitud de licencia será remitida directamente a la Administración autonómica. "La tramitación directa con la Xunta nos beneficia", reconoce el director de Erimsa, José Luis Martínez, que afirma además que la empresa ya ha cerrado acuerdos de alquiler en la zona.

Con la explotación de cuarzo en la comarca cada vez más próxima, Castosa afirma que hay que buscar "el interés general" de A Terra Chá. "Pero no puedo precisar cuál es", añade.

En 2008, Erimsa presentó las primeras solicitudes de licencia urbanística y de actividad en su ayuntamiento y en los de A Pastoriza y Castro de Rei, tres de los seis afectados por la concesión (los otros tres son Abadín, Riotorto y Vilalba). Tres meses después, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones locales, la empresa manifestó que entendía las licencias "otorgadas por silencio administrativo positivo".

La respuesta de los ayuntamientos fue unánime: la legislación aplicable no auspiciaba esa interpretación y las licencias sólo se otorgarían de ajustarse plenamente a derecho. Erimsa demandó a los ayuntamientos de Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei para defender su postura. El Sindicato Labrego Galego, Adega y varios particulares también se han personado en los contenciosos.

Son algunos de los muchos colectivos agrupados en la Comisión de Asociacións en contra das Minas da Terra Chá. En las diversas movilizaciones que se organizaron durante los primeros meses de 2007, los alcaldes se sumaron a sus argumentos en contra de la extracción de cuarzo. El principal, la salvaguarda de la que gozaba el suelo agrario de especial protección y que ahora ha quedado en el aire.

La modificación, que no figuraba en el texto del anteproyecto de la reforma de la Lei do Solo, fue introducida por el PP a raíz de un voto particular incorporado por la Confederación de Empresarios de Galicia al dictamen sobre la ley que emitió el Consello Económico e Social de Galicia el pasado diciembre.

Desde el grupo parlamentario popular suscriben la argumentación sostenida por los empresarios, que abogaron por evaluar en cada caso concreto los diferentes intereses en juego para determinar cuál debe prevalecer a la hora de conceder o denegar la autorización. El diputado popular Román Rodríguez considera que la modificación es coherente con la necesidad de que las prohibiciones sean motivadas y no genéricas recogida en la Lei da Minería de 2007, y traslada así la responsabilidad a la Xunta bipartita.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de junio de 2010