Respeto

Cuando comienzan a arreciar las especulaciones sobre posibles cambios en el Gobierno de Zapatero, conviene dejar bien sentado que cualquier modificación que se realice ha de estar regida, desde el punto de vista territorial, por un elemental respeto a Andalucía y lo que políticamente significa en el proyecto de Zapatero.

Su mayor exponente, hasta ahora, ha sido la presencia en el Ejecutivo de Manuel Chaves como vicepresidente tercero. En la mayoría de las quinielas se da por segura la continuidad del presidente del partido con una cartera de mayor contenido competencial, tal vez, Defensa, extremo éste que se ha manejado en varias ocasiones. Sea lo que sea, lo cierto es que habrá que estar atentos tanto al equipo del que se rodee Zapatero en su nueva etapa, tras concluir la presidencia europea por parte de España, como al trato que ha de recibir nuestra tierra en relación al anunciado de inversiones en infraestructuras.

Nada ha aflorado aún pero es de suponer que el pulso con el ministro de Fomento, José Blanco, tiene que ser de envergadura. Tanto que, a día de hoy, aún se desconoce por dónde se va a meter la tijera tanto por parte de Fomento como por la propia Junta. Aunque en los últimos días algo hemos sabido al respecto. El presidente Griñan ya ha fijado un criterio, como es su apuesta clara por el ferrocarril en detrimento de las autovías, buena parte de las cuales van a ser incluidas en ese amplio capítulo de colaboración pública-privada. En todo caso, no hay que olvidar la obligación del Estado de destinar el 17,8% de sus inversiones a esta comunidad, tal y como marca el Estatuto conforme al peso de la población andaluza sobre el conjunto del país para un periodo de siete años. Hacer valer este principio debe ser una de las principales obsesiones de los gobernantes andaluces frente a Madrid.

Pero lo cierto es que poco se ha desvelado sobre el alcance real de esos ajustes. En lo que se refiere a la Junta, el presidente se comprometió en el pasado debate de la comunidad a aplicar un recorte, reprogramar, lo llama Griñán, por valor de 846 millones de euros. Será en la sesión de control de esta semana en el Parlamento, donde la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tendrá que aportar detalles, aunque podría pasar de puntillas a la espera de lo que decida Fomento. Donde no lo podrá hacer es en relación al plan para reestructurar el sector público y sobre la política fiscal. Eso es lo que figura en el guión, en el orden del día, sin rastro alguno, por tanto, del dichoso copago en la sanidad pública.