¿Quién paga lo que decidió el juez?

Bajo el mar el Nuevo Pepita Aurora permanece a 29 metros de profundidad y a menos de una milla de la costa de Tarifa (Cádiz). En tierra los que esperan son las familias de los ocho marineros que fallecieron o desaparecieron en el naufragio de este barco. También aguarda el patrón de ese pesquero, José Vega, hasta ahora único imputado en la causa abierta por este siniestro. La Audiencia Provincial de Cádiz acaba de autorizar, casi tres años después de la tragedia, la operación de reflotamiento porque considera que puede ser una prueba pericial determinante para esclarecer lo que ocurrió. Pero no es tan fácil. El auto no aclara quién debe pagar este dispositivo. Nadie está dispuesto a hacerlo. Algunos expertos ya han señalado que, a lo mejor, el reflotamiento ni siquiera es técnicamente posible.

La Audiencia estima que la operación puede ser vital para aclarar qué ocurrió

Era el 5 de septiembre de 2007 cuando el Nuevo Pepita Aurora, barco con base en Barbate (Cádiz) regresaba de faenar de Marruecos. Lo hacía junto a otros pesqueros en medio de una fuerte tormenta. Una ola terminó volcando el Nuevo Pepita Aurora. Ocho de los tripulantes pudieron salvarse, otros ocho no. Los tres primeros cuerpos aparecieron el mismo día del siniestro. Otros dos fueron hallados más tarde en el interior del barco. Los tres restantes siguen desaparecidos.

El Ministerio de Fomento se esforzó los primeros días por recuperar el barco. Tras el naufragio el pecio había permanecido a 14 millas de Barbate con la quilla visible sobre la superficie. Terminó hundiéndose a tres millas de la costa mientras era remolcado. Quedó a 137 metros de profundidad. Un último esfuerzo logró enganchar un cable en el pesquero. Fue izado y llevado hasta una plataforma marina, donde se encuentra actualmente.

Hasta el auto de la Audiencia Provincial todas las autoridades habían descartado un intento de reflotamiento. El buque pudo ser inspeccionado por buzos y comprobar que allí no había más cuerpos. También este análisis permitió a Fomento recrear las condiciones del naufragio con una maqueta. Reflotarlo se consideró un gasto inútil. Así lo estimaba el juez de Algeciras encargado del caso y también el fiscal Juan Cisneros. "Lo que se había hecho hasta ahora nos había dado suficientes elementos de juicio para terminar la instrucción", sostiene Cisneros. Fue él quien llamó a declarar como imputado al patrón del barco después de que el informe ministerial determinase que el Nuevo Pepita Aurora tenía un exceso de peso y que los salideros de agua estaban taponados.

Por eso Jesús Gómez, abogado del patrón, pidió el reflotamiento. "Es una prueba esencial. Podemos demostrar que el barco no cumplía estructuralmente el libro de estabilidad". El letrado responsabiliza del naufragio al constructor del navío y también a la Administración porque en las inspecciones periódicas que pasó el pesquero no se detectaron sus problemas estructurales. El auto de la Audiencia Provincial de Cádiz que autoriza el reflotamiento es su primera batalla ganada. Y tiene claro que debe ser el Estado el que lo pague. "Yo no tengo que demostrar que mi cliente es inocente. Debe ser al revés". Lo mismo opina Ramón Dávila, abogado de las viudas.

Pero no está tan claro. Fomento ha eludido entrar en esta cuestión judicial a la espera de que la Audiencia Provincial aclare quién debe hacerse cargo del reflotamiento. Así se lo ha pedido el fiscal Juan Cisneros. "El auto no lo deja claro y debería hacerlo. Lo que lamentamos es que esto retrasará el final de la instrucción", asegura Cisneros. La Audiencia responderá a la petición de aclaración esta semana.

El reflotamiento dependerá de informes técnicos y no costaría menos de 100.000 euros y podría alcanzar fácilmente el millón de euros.