Las instituciones defienden el copago para sostener las políticas sociales

El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales -integrado por la consejería de Empleo y Asuntos Sociales, las tres diputaciones y Eudel- defendió ayer el copago como una de las fórmulas para mantener las políticas sociales. En su primera reunión, celebrada ayer en San Sebastián, la entidad aprobó una declaración en la que aboga por abordar una reflexión para "garantizar la financiación actual y futura" de esos servicios, necesaria ante la "difícilmente sostenible senda del crecimiento del gasto social".

De esta forma, el organismo resalta la importancia de la "participación de los usuarios en la financiación de los servicios". El trabajo del organismo consiste en discutir y acordar las principales estrategias sobre calidad en la gestión, atención y cohesión del sistema de servicios sociales.

La recién constituida entidad, que defiende la necesidad de constituir un Sistema Vasco de Servicios Sociales, aprobó una declaración general de ocho puntos que recuerda que los recursos que las administraciones han dedicado a esta materia en la última década se han duplicado, mientras que los ingresos públicos no han crecido en igual proporción, "lo que ha obligado a una reasignación presupuestaria para posibilitar el mantenimiento del gasto social".

Renta de Garantía

Por otro lado, el Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer el decreto que modifica la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que entra hoy en vigor. La antes llamada Renta Básica se amplía a colectivos como los divorciados sin hijos a su cargo que vuelvan al domicilio paterno -desde ahora se contabilizarán como unidad familiar independiente- por su mala situación económica o a los desahuciados por no poder hacer frente a una hipoteca.

Más allá de limitarse a la subsidiariedad, los cambios de la nueva RGI buscan impulsar el empleo, complementando los salarios precarios, potenciando el trabajo entre sus perceptores e incentivando a quienes lo logren.

La ayuda incluirá además un complemento a las familias monoparentales, que supondrá un 6,4% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en las ayudas que se cobran. La RGI cuenta este año con un presupuesto de 281,4 millones de euros. Casi año y medio después de que se aprobase la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, a partir de la que se desarrolla el actual decreto, 52.849 familias se benefician de esta ayuda.

Para completar este marco de subsidios, se aprobarán las Ayudas de Emergencia Social y los convenios de inclusión, una especie de contrato para quienes reciban ese dinero y sus familias.