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Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en residencias

El 23% de los internos sufre sujeciones forzosas - La utilización de esta práctica que favorece úlceras e incontinencia es la más elevada de Europa

España tiene la tasa más alta de los países occidentales de uso de sujeciones físicas y farmacológicas (sedación) en las personas ingresadas en residencias para mayores. Un estudio de la Confederación de Organizaciones de Mayores (Ceoma), que busca erradicar estas prácticas, calcula que un 23% de los 300.000 internos (un 50% de ellos, además, sufre algún tipo de demencia) está sometido a estas prácticas. El trabajo se ha hecho en 263 residencias públicas y privadas que acogen a 9.000 personas. La tasa coincide con la calculada en Navarra, única comunidad que tiene un estudio completo. Antonio Burgueño, médico y director del programa Desatar al anciano y al enfermo de alzhéimer de Ceoma, indica que la tasa de utilización de estas técnicas en Italia, Suiza y Alemania ronda el 15%, que en Reino Unido está en el 4% y en Dinamarca en el 2%.

Los expertos culpan del problema a la falta de formación y voluntad del personal

El fiscal especial pide una ley similar a la de la violencia de género

Esta última cifra se considera por los expertos equivalente a la práctica erradicación de estos sistemas, ya que se admite que puede haber casos esporádicos (un paciente que tiene un brote de agresividad contra otros residentes o contra sí mismo) que pueden justificar el uso puntual de estas técnicas. Los datos no muestran grandes diferencias entre los centros públicos y los privados.

La clave está en el término "puntual". Porque lo que los expertos han detectado cuando revisan las instituciones es que estas prácticas se utilizan de una manera continuada. Con importantes secuelas.

Entre ellas, los investigadores destacan las físicas y las psicológicas. Y las éticas. Porque los representantes de Ceoma, el Imserso, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (Ceafa) y la Fiscalía General del Estado coinciden en que se trata, ante todo, de un problema de derechos humanos con impacto en la salud. Por ejemplo, como apunta Burgueño, estas prácticas favorecen la aparición de úlceras de presión, infecciones (sobre todo respiratorias y de orina), incontinencias, disminución del apetito (y la consecuente desnutrición) y pérdida de tono muscular. Y, en el plano psicológico, de apatía, ira, vergüenza, depresión, aislamiento, miedo o pánico.

Según Burgueño, la solución no tiene por qué encarecer la asistencia. "Hay que aceptar que en las residencias haya cierto ambiente [gente moviéndose aunque no tenga muy claro adónde], porque no podemos aceptar convertirlas en remanso de paz a costa de la felicidad y los derechos de los internos", dice. El experto afirma que el principal obstáculo para que las prácticas cambien está en la voluntad de los gestores y el personal. "Hay que acabar con una serie de mitos", indica. El primero, que estas prácticas se usan para evitar caídas, "cuando estas aumentan", porque después de tres o cuatro meses de inmovilidad las personas son incapaces de mantenerse en pie, y eso sí que es un peligro. El resultado es que el personal que se reduce en atender y, si hace falta, vigilar a los ingresados hay que utilizarlo en moverlos y cuidarlos. Por eso los estudios no indican que en los centros donde se han erradicado las sujeciones hayan hecho falta más trabajadores.

Tampoco es cierto que estas técnicas sirvan para corregir problemas de conducta. "Es contraproducente", indica Burgueño, ya que las personas se irritan y se deprimen. En casos extremos, ha habido fallos cardiovasculares por la tensión a la que se somete al paciente cuando hace el esfuerzo por desatarse.

El estudio no está tan avanzado en cuanto a la otra medida para controlar -o anular- la voluntad de los pacientes: la llamada sujeción química o farmacológica. Pero los datos adelantados muestran que ahí también hay un problema. No se trata de, si hace falta, no usar un calmante en un momento determinado "y con voluntad de suspenderlo", pero sí de evitar que su uso se convierta en algo crónico. Y eso es justo lo que pasa en el 66% de los casos. Además, solo en el 18% de los casos hay un seguimiento del efecto para ajustar la dosis, lo que implica que las personas están "sedadas de más".

Los expertos admiten que existe un problema: que hace falta que las familias empiecen a valorar que la libertad de los ingresados está por delante de "una seguridad absoluta". Porque si los gestores de las residencias tienen miedo a que se les denuncie si la persona mayor se cae, por ejemplo, actuarán a la defensiva, y será más difícil que acepten cambiar las prácticas en los centros.

Todas estas conductas fueron enmarcadas por el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores, Jorge Sena, en un "fenómeno sangrante de malos tratos", que puede llegar al 5% de los mayores, según datos que acaba de hacer públicos la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). El problema, según admite Sena, es que estas conductas se llevan a cabo "en el marco de la impunidad", que se ve favorecido por el entorno familiar.

Por eso Sena propone que se haga una ley específica tomando como base la de violencia contra la mujer. Para el fiscal, la cobertura actual del Código Penal a ciertos abusos no es suficiente, y estaría justificado crear figuras específicas cuando se trata de "lesiones, robo, estafa, coacciones o amenazas" a mayores de 65 años, ya que considera que están más desprotegidos. De hecho, indicó que en dos años ha tenido conocimiento directamente de 45 expedientes por malos tratos a mayores, pero admitió que ninguno había tenido entidad y había acabado en condenas. "Se pierden en la nebulosa de la impunidad" favorecida por el entorno familiar, el miedo de la persona mayor a actuar contra sus hijos y la "falta de mentalización" de la sociedad, indicó el fiscal.

Unos derechos difíciles de proteger

- Afectados. Aproximadamente unas 300.000 personas están ingresadas en residencias para mayores (públicas y privadas) en España. De ellas, la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) calcula que el 50% tiene, además, algún tipo de demencia.

- Malos tratos. Los médicos de atención primaria estiman que un 5% de los siete millones de mayores de 65 años sufre malos tratos. La cifra coincide con la del Centro Reina Sofía. De ellos, el fiscal especial para la protección de los derechos de los mayores, Jorge Sena, calcula que solo se persigue un 1%. No tiene estadísticas de condenas.

- Sujeciones. Las organizaciones de afectados afirman que el 23% de los ingresados en residencias sufre la práctica de sujeciones físicas (ataduras, inmovilización, limitación excesiva a sus posibilidades de deambular).

- Actuaciones legales. El fiscal Jorge Sena recuerda que la restricción de derechos fundamentales, como el de libertad de movimientos, exige una autorización judicial. Lo mismo sucede con el ingreso en un centro contra la voluntad de las personas, ya que si no se puede incurrir en un delito de detención ilegal. Según Sena, en estos casos "no basta con un informe médico".

- Centros adecuados. Ceoma ya ha acreditado en España un centro libre de sujeciones (en Gernika, Vizcaya), y tiene dos pendientes (en Villarreal, Castellón, y Ontinyent, Valencia). Hay otros dos y dos centros de día que podrían incluirse en esta categoría.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 2010

Fe de errores
En la información sobre el estudio que detecta abusos en las residencias de ancianos, publicada ayer, 17 de junio, en Sociedad, se incluía la fotografía de un centro de Fuenlabrada que no tiene ninguna relación con este caso.

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