El PSM acusa a Aguirre de conceder los canales de TDT como si fuera un "cortijo"

Más de un año han empleado los socialistas madrileños para conocer la baremación que el Gobierno de Esperanza Aguirre realizó para otorgar los canales de televisión digital terrestre (TDT) local en 2005. Un año de solicitudes y requerimientos que concluyó con la petición de amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid para poder acceder a la documentación sobre las adjudicaciones de licencias de radio y televisión en la región (más de medio millón de folios en total). El vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista, José Cepeda, tuvo incluso que atrincherarse hace un mes en la sede de la presidencia para que se le permitiera fotocopiar la documentación. "Lo único que han hecho ha sido poner trabas a nuestra labor de control parlamentario. Y no nos extraña. A la luz de los datos hemos visto los motivos por los que el Gobierno de Aguirre tiene tanto que ocultar", dice Cepeda.

Para ahondar en los criterios que el Ejecutivo de Esperanza siguió a la hora de otorgar 30 canales (a la Iglesia y a grupos afines al PP como Libertad Digital, Intereconomía, la Cope o El Mundo), los diputados del Partido Socialista de Madrid (PSM) preguntarán hoy al vicepresiente regional, Ignacio González, en una comparecencia especial tras la habitual sesión de control.

"Estaba claro que detrás de las adjudicaciones había una intencionalidad política", afirma el dirigente socialista. "El 100% de las empresas de TDT han ido a parar a entornos políticos y círculos de confianza de Aguirre, experta en canales: abrir en canal a los compañeros de partido, privatizar el canal y distribuir los canales de televisión", agrega.

Algunas ofertas que quedaron fuera, como Telesierra, han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Recurre el concurso porque, en su opinión, no se han puntuado correctamente las candidaturas. Tele K, que también llevó las concesiones a los tribunales, aspira ahora a constituirse como una televisión de carácter social.

La Mesa de Contratación que evaluó las candidaturas tenía un claro tinte político. Estuvo formada por el viceconsejero de la vicepresidencia y secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria; la interventora delegada jefe de la vicepresidencia y portavocía del Gobierno, Salomé Fernández; el jefe del servicio de Radiodifusión y Televisión, José Ramón Álvarez, y el letrado Roberto Pérez.

Las concesiones muestran, según los socialistas, el estilo de gobernar del PP. "La presidenta actúa en la Comunidad de Madrid como si fuera un cortijo, incluso en algo tan fundamental y básico como la libertad de información. Ha construido una burbuja mediática para multiplicar por 30 Telemadrid y exportar un modelo de manipulación informativa y control ideológico a canales que no garantizan una mínima calidad democrática", sostiene Cepeda.