Traballo revisará exhaustivamente 13 asociaciones de Unións Agrarias

La Consellería de Traballo va a hacer una "revisión exhaustiva" de las 13 asociaciones relacionadas con la supuesta "trama agraria" que recibieron ayudas de la Xunta en 2009. Inspectores del departamento que dirige Beatriz Mato visitaron la semana pasada dependencias de Unións Agrarias, que, según el PP, desvió fondos públicos durante la etapa del bipartito, y comprobaron "la existencia de determinadas anomalías con relación al normal y correcto desarrollo de los servicios", según anunció ayer Traballo, que puede abrir un procedimiento sancionador.

La partida presupuestaria que financió lo que el PP denuncia como "trama agraria" ha servido para contratar a más de 15.000 trabajadores en la última década. Son los programas de cooperación, una herramienta de la Xunta para subvencionar a asociaciones, ONG e instituciones públicas sin ánimo de lucro, que deben presentar un objetivo concreto y el número de empleados necesarios para llevarlo a cabo.

El programa de cooperación crea cientos de empleos cada año

Más de 400 organismos recibieron ayudas en la última década

Entre estos 15.000 empleados, contratados por más de 400 organismos, hubo 30 asociaciones vinculadas a Uniós Agrarias que contrataron durante el bipartito a 160 empleados, muchos de ellos para realizar labores distintas de las encomendadas, según denuncian los populares.

De ellos, 13 siguieron recibiendo subvenciones del Gobierno del PP. Son precisamente los que van a ser inspeccionadas por la Dirección Xeral de Promoción do Emprego, con la colaboración del departamento de Avaliación e Reforma Administrativa. La Xunta explica que el objetivo es verificar la realidad de los servicios prestados por las personas que fueron contratadas a través de los programas de cooperación. La finalidad es constatar que las actividades desarrolladas son las mismas que se reflejan en los expedientes administrativos.

Si no se archiva el caso, los resultados de este procedimiento informativo podrían derivar en que la Administración autonómica abriese un procedimiento sancionador según lo previsto en la legislación o en que iniciase un procedimiento de reintegro de las subvenciones o que emprendiese "aquellas actuaciones a las que hubiese lugar", agrega el comunicado de Traballo.

La Xunta explica que la posibilidad de realizar esta revisión de los expedientes está amparada por la propia orden de ayudas, que indica que los beneficiarios tienen la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación que pueda hacer la Consellería de Traballo por parte de personal funcionario.

Cada año, cientos de trabajadores son contratados por este procedimiento. Desde 2000, cuando fueron 421, el número ha ido creciendo hasta los 1.865 de 2008. El número de empleados gracias a estas subvenciones alcanzó su máximo en 2005, año electoral, cuando fueron contratados más de 7.500.

Los organismos que se benefician de estas ayudas son, desde entonces, variopintos. Desde instituciones públicas como las universidades gallegas a colectivos profesionales o, por ejemplo, la Archicofradía del Apóstol Santiago, con sede en la Catedral, que ha contratado a decenas de trabajadores para la promoción del Camino. Durante estos años, recibió casi cuatro millones de euros.