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La Junta pide que se revoque una licencia a Tomás Olivo en Marbella

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha requerido al Ayuntamiento de Marbella a que revoque la licencia de obras que concedió en diciembre al empresario Tomás Olivo, uno de los promotores procesados en el caso Malaya, para construir un edificio de viviendas de seis plantas en el solar que ocupaba la casona de Radio Nacional. La Junta entiende que el gobierno local que preside Ángeles Muñoz (PP) otorgó el permiso de forma indebida al estar en aquel momento en tramitación el nuevo PGOU, en el que precisamente se introducía un tratamiento distinto al suelo en cuestión, y porque además la construcción autorizada no se ajusta al nuevo planeamiento, sino que sigue el de 1986.

El PGOU anterior contemplaba uso residencial en el solar de los antiguos locales sindicales y sede de RNE, que General de Galerías Comerciales, la sociedad de Olivo, se adjudicó cuando el Estado la sacó a subasta pública. Y eso ha sido lo autorizado en la licencia municipal, cuando el nuevo PGOU, que sólo estaba pendiente de la aprobación definitiva cuando esta se expidió, prevé uso hotelero y terciario y la obligación además de ceder para equipamiento público al municipio 1.216 metros cuadrados.

Suspensiones

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) estipula que la concesión de licencias de obra quedará suspendida en el momento en el que un municipio aprueba inicialmente su planeamiento y en tanto se tramita, en las zonas afectadas por cambios. La aprobación inicial del plan marbellí se produjo en julio de 2007, pero el consistorio no hizo algo que exige la ley, delimitar expresamente las zonas de suspensión. Sí lo hizo cuando se produjo la primera aprobación provisional, el 28 de octubre de 2008. Curiosamente, 13 días antes el promotor solicitó formalmente la licencia de obra, y el consistorio optó por excluir de la suspensión aquellas licencias que ya se hubieran solicitado con anterioridad.

El Ayuntamiento, que recibió el requerimiento de la Junta el 12 de mayo, entiende que la licencia está avalada por informes técnicos y jurídicos y que se ajusta a la ley, y prepara una contestación a la consejería. Si no la revoca de oficio, la Junta impugnaría la licencia en los tribunales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de junio de 2010