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Mañana es hoy

Los inversores extranjeros siguen sin fiarse de España. ¿Por qué? Básicamente, por tres razones. Primero, porque no entienden lo que está pasando en el sector financiero. Con una crisis inmobiliaria gigantesca, se preguntan: ¿Cómo es posible que la mora de las cajas no haya crecido? ¿Es posible que los créditos vivos a promotores sigan siendo 325.000 millones tras un año de crisis, sugiriendo que se están refinanciando préstamos impagables? Finalmente, ¿cómo es posible que el precio de la vivienda casi no haya caído? Segundo, no ven claro el ajuste del gasto público, a corto y medio plazo. A corto tenemos un déficit extremadamente elevado. A medio plazo tenemos un problema demográfico importante que requiere ajustes en el sistema de pensiones y de sanidad. Y tercero, porque no ven una senda clara de crecimiento de nuestra economía que permita emplear a los muchos parados y generar empleo para ellos.

Para pagar la deuda, hay que crecer, y para ello hace falta una reforma ambiciosa del mercado de trabajo
La crisis permite abordar cambios cuya necesidad y urgencia no se perciben en épocas de bonanza

Y sin embargo, la sociedad sigue sin ver la urgencia de la situación, principalmente porque nadie se lo ha explicado Así, el entendimiento racional se sustituye por oscuras teorías de la conspiración, por una sensación general de injusticia e incomprensión ante el supuesto ataque "conjunto del Financial Times y de la City" en frase que, solo medio en broma, hemos escuchado recientemente.

Lo que está pasando es muy sencillo. La posición deudora bruta de la economía española frente al exterior, privada y pública en conjunto, es de aproximadamente el 180% del PIB. Un deudor necesita del acceso a los mercados continuo, para refinanciar sus deudas. Si este acceso se corta, la situación termina en una crisis de balanza de pagos a la argentina, con recurso al nuevo fondo de inversión Europea y al FMI.

Por ello, creemos que lo más importante es, hoy mismo, lo más urgente. Las consecuencias de dejar para mañana -o de decepcionar a nuestros acreedores con versiones descafeinadas- una sola de las cuatro reformas estructurales que nos exigen nuestros socios europeos pueden ser terribles. España tiene que restaurar la confianza de sus prestamistas en su capacidad de pago de la deuda. Para ello debe consolidar las finanzas públicas a corto plazo, dando más credibilidad al objetivo de reducción del déficit al 3% del PIB en 2013, y también a largo plazo, reformando las pensiones públicas, porque son el mayor factor de desestabilización presupuestaria en horizontes más largos. Para pagar la deuda, la economía debe crecer, y para crecer es necesaria una reforma del mercado de trabajo ambiciosa. Y hace falta un saneamiento efectivo de nuestro sistema financiero porque la mayor parte de nuestra abrumadora deuda exterior no es pública, sino privada, y hay que restaurar la confianza de los mercados internacionales en la solvencia y viabilidad de nuestras instituciones financieras. Estas reformas no son caprichos arbitrarios de unos supuestos especuladores financieros. No. Son condiciones necesarias para que nuestros prestamistas y acreedores, que financiaron la expansión de la economía española entre 2000 y 2007, recobren la confianza en nuestra capacidad de pago y nos sigan prestando, algo que -no olvidemos- no están en absoluto obligados a hacer.

El Gobierno parece andar dando tumbos, proponiendo reformas que son parches. Debe abandonar esta ruta y orientarse hacia la reforma estructural profunda. Lo contrario nos somete al vaivén de los planes repentinos, que son, como Grecia ha aprendido, efímeros. El país necesita hacer reformas en cuatro áreas para restablecer la confianza: presupuesto, pensiones y sanidad, mercado de trabajo y sector financiero. Estas reformas deben hacerse en profundidad y con creatividad, y deben servir para dejar la economía española en condiciones de recuperar la senda de crecimiento verdaderamente sostenible.

1. Gasto público. Las medidas tomadas para reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2013 son un primer paso loable en la buena dirección. Pero hay peros. En primer lugar, no está claro que las medidas adoptadas sean cuantitativamente suficientes. Para llegar al 3% en 2013 hay que reducir el déficit de 2009, que fue del 11,2% del PIB, un 8,2%. En la opinión de muchos expertos, lo harán sólo en un 6%. Queda por reducir un 2,2%, y ello debería hacerse principalmente recortando gastos: la evidencia internacional ilustra que el crecimiento económico se impulsa mejor así que subiendo impuestos. En segundo lugar, las medidas adoptadas son cualitativamente insuficientes. No se ha suprimido ningún programa de gasto, con la esperanza implícita de que cuando amaine el temporal financiero, todos ellos volverán a crecer. ¿Acaso tiene España una Administración pública austera, en la que no hay gasto superfluo, personal sobrante o duplicidades de gestión? Las crisis como la actual son dolorosas, pero ofrecen grandes oportunidades para hacer los cambios cuya necesidad y urgencia no se percibe en épocas de bonanza. ¿Qué mejor momento para hacer un presupuesto de base cero en el que todos, absolutamente todos los programas de gasto y los organismos que los gestionan sean puestos en cuestión?

2. Pensiones y sanidad. En lo que serán en los próximos años con toda seguridad las dos fuentes principales de crecimiento del gasto, la sanidad y las pensiones, las políticas planteadas hasta ahora (congelación de pensiones, congelación de plantilla sanitaria) son políticas cortoplacistas, de congelación, no de reforma. Y sin embargo, los problemas demográficos van a requerir mayores ajustes fiscales en España que en el resto del mundo. De acuerdo con un reciente informe del FMI, en España, a largo plazo, crecen más que la media los gastos relacionados con la demografía, y a la vez nos encontramos con la necesidad de hacer uno de los ajustes fiscales más duros del mundo. La combinación de ambas características hace necesario introducir reformas estructurales en estas dos áreas. Algunos de los planes propuestos van en la dirección adecuada, pero son insuficientes. El copago en la sanidad, ya presente en los países de nuestro entorno, la subida de la edad de jubilación y el cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones deben ser la base de un cambio en profundidad.

3. Reforma laboral. La información que ha circulado en los últimos días sobre reforma laboral sugiere que esta puede ser insuficiente. Se proponen reformas en los márgenes, que mejoran un sistema que está completamente roto. La reforma debe tener tres elementos fundamentales. Primero, la descentralización de la negociación colectiva debe ser la prioridad absoluta, para permitir que las condiciones de cada empresa se puedan ajustar a su realidad económica. Segundo, la mayor desjudicialización posible, eliminando la intervención judicial, que genera muchos costes y, paradójicamente, inseguridad jurídica. Y tercero, la disminución del desnivel entre contratos temporales y fijos para limitar la dualidad. Todo ello sin subir los costes de contratar trabajadores eventuales, algo que sería absurdo en un momento de tanto desempleo.

4. Reestructuración financiera. Finalmente, no es posible que el sistema financiero empiece a funcionar sin que incremente dramáticamente la certidumbre de los inversores extranjeros sobre los riesgos a los que se enfrentan si prestan a un banco o caja españoles. Para ello sería necesario, primero, culminar cuanto antes el mapa final de entidades y el acceso al FROB. A continuación habrá que poner en marcha un proceso de saneamiento del balance por el lado de los activos. Sin esto difícilmente el sistema crediticio volverá a dar crédito y persistirán las dudas entre los inversores extranjeros. -

Luis Garicano es profesor de la London School of Economics. César Molinas es socio fundador de la consultora Multa Paucis.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0013, 13 de junio de 2010.