Iberdrola pide al juez que anule el dividendo aprobado por ACS

Iberdrola ha solicitado a los tribunales que declare nulo el acuerdo de pago de dividendos aprobado por ACS en su junta de accionistas del 15 de abril. La petición figura en la demanda que ha presentado la eléctrica, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y que ha sido ya admitida a trámite por el juez, que ha dado 20 días de plazo a ACS para contestar. Iberdrola acusa a ACS, su primer accionista, de múltiples irregularidades en su contabilidad que, no obstante, ha sido auditada sin ninguna salvedad por Deloitte, la firma líder del sector en España.

Iberdrola afirma en su demanda que "no es argumento para entender que las cuentas no vulneran la imagen fiel el hecho de que hayan sido auditadas sin salvedades". La eléctrica compró 20.000 acciones de ACS (el 0,006% del capital) para poder impugnar la junta de la constructora. Iberdrola entiende que las cuentas de ACS, aprobadas por el 99,96% de los accionistas en la junta, "no muestran la imagen fiel del patrimonio y los resultados del grupo".

La constructora reitera que los auditores avalaron sus cuentas

La eléctrica ha escudriñado hasta el mínimo detalle las cuentas de la constructora y denuncia ante el juez decenas de infracciones y omisiones. "Esas ilicitudes jurídico-contables en su conjunto (...) evidencian que no puede tratarse de errores casuales o puntuales, sino de una conducta que, al menos objetivamente, produce el efecto de ocultar a los accionistas, a los inversores y a terceros, la verdadera situación financiera, patrimonial y de resultados de ACS", dice la demanda.

Las principales infracciones, según la demanda, están en la valoración de las participaciones de ACS en Iberdrola, Hochtief y otras sociedades. El escrito sostiene que hay "un descenso prolongado o significativo en el valor razonable" de esas inversiones, con lo que no basta contabilizar la pérdida de valor en el patrimonio, como ha hecho ACS, sino que hay que apuntarlo en los resultados. Si hubiera llevado a resultados un deterioro del valor de Iberdrola (900 millones), Hochtief (400 millones) y otras (93 millones), ACS debería haber declarado unas pérdidas de las actividades continuadas de 405 millones en lugar de un beneficio de 988 millones.

Además, Iberdrola aporta un informe pericial que identifica 23 infracciones en la memoria consolidada o el informe de gobierno corporativo de ACS. La eléctrica cree que también hay infracciones en las cuentas individuales que supondrían que éstas arrojasen pérdidas de 593 millones en lugar de beneficio de 664 millones. En esa situación, ACS no podría pagar dividendo, por lo que la eléctrica pide que se anule el de 645 millones (2,05 euros por acción) aprobado en la junta.

Por su parte, ACS insiste en que sus cuentas están auditadas sin salvedades, que "responden plenamente a las normas vigentes de contabilidad" y que "recogen con detalle los criterios de valoración aplicados, especialmente a sus inversiones, reflejando fielmente el patrimonio y los resultados". El grupo cree que Iberdrola "pretende causar un grave daño al prestigio de ACS ante su legítima petición de estar representada en el consejo de administración de Iberdrola como corresponde a su condición de primer accionista de la compañía", con un 12% del capital.