Fomento plantea de nuevo suprimir el reparto de correo en zonas rurales

Los carteros del rural gallego vuelven a mirar con desconfianza una normativa llegada del Gobierno central. Si en 2007 el que desató la alarma fue un decreto que por la presión sindical y social nunca se llegó a aplicar -aunque tampoco se derogó- ahora es el anteproyecto de Ley de Servicio Postal Universal el que ha puesto en alerta al colectivo, que ayer estuvo de huelga en toda España. El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno, acaba de hacer públicas las alegaciones sobre el borrador de la norma, que prevé excepciones en el servicio de recogida y envío universal por "circunstancias o condiciones geográficas especiales". El dictamen del consejo muestra su preocupación por la prestación efectiva del servicio postal universal a aquellos ciudadanos que habitan en el rural. "No está suficientemente claro el papel reservado para los carteros en las aldeas", aseguran desde este órgano consultivo, que emitió el dictamen de urgencia la semana pasada.

El texto del anteproyecto, respuesta a una directiva comunitaria para la que algunos países de la UE han pedido una moratoria de dos años, no especifica, sin embargo, qué "condiciones geográficas especiales" tendrían que darse para que se produjese una excepción en el servicio universal, aunque el decreto de 2007, del que es heredero la nueva norma, da algunas pistas. Este texto, que aunque no se aplica está en vigor, establece que las viviendas situadas a más de 250 metros de una vía de comunicación tendrán que valerse de buzones comunitarios para recibir el correo postal.

Los sindicatos rechazan esta norma, que afecta especialmente a Galicia, la comunidad más envejecida y con la población más dispersa de España, junto a los caseríos vascos y masías catalanas. La huelga de ayer contra el anteproyecto de ley fue seguida por el 50% de los carteros en la comunidad gallega, según las centrales, y por el 21%, según Correos.

"El reparto postal se entiende como carga y no como servicio", lamenta Suso Rivas, de CC OO. Serxio Martínez, secretario nacional de Correos de la CIG, entiende que el anteproyecto de ley supone una "discriminación hacia el rural" y ahonda en la reducción de personal en los pueblos pequeños. "Con la nueva ley, el reparto en determinadas zonas queda en el aire", asegura Miguel Núñez, cartero rural en Nogueira de Ramuín (Ourense).

La reducción de personal, con o sin ley, no es nueva en el rural gallego, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, más envejecidas y con núcleos de población más pequeños y dispersos. "En los últimos años, se han perdido el 33% de los carteros rurales de la provincia de Ourense", lamenta Núñez. La mayoría, porque los veteranos -los mismos que se conocen al dedillo los barrios y lugares, no siempre bien señalizados en el rural- se jubilan y sus plazas no se vuelven a cubrir. La tarea de repartir el correo postal de la zona que pierde su titular es transferida normalmente a carteros de otras aldeas, con la consiguiente sobrecarga de trabajo.

"Los vecinos del rural pagan sus impuestos igual que los de la ciudad, también la contribución por sus casas, que son legales", recuerda con ironía Serxio Martínez. "Que nuestra orografía provoque que el servicio público universal resulte más caro en Galicia que en el resto del Estado no significa que haya que prescindir de él", afirma Núñez. Como él, 1.284 carteros rurales recorren actualmente las aldeas gallegas, en las que trabajan la mitad de los distribuidores de correo de España. Tanto CIG como CC OO coinciden en afirmar que una reducción del servicio implicaría una pérdida de empleos en un colectivo que ha visto mermar sus efectivos en los últimos años y que ha denunciado en varias ocasiones la dificultad para ser sustituidos en vacaciones.