Un funcionario de Pilar falseó 300 altas de extranjeros en el padrón

Un funcionario del negociado de Estadística e Informática del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha sido la piedra angular de una banda de falsificadores de documentación (altas en el padrón municipal) para inmigrantes a cambio de entre 1.500 y 2.000 euros por certificado. Según la investigación policial del caso, que dirige la Guardia Civil, el empleado municipal arrestado junto a otras 14 personas todas extranjeras, llegó a falsificar hasta 300 documentos. La investigación no ha desvelado, por orden judicial, la identidad de los detenidos.

El funcionario sellaba los certificados con una fecha muy anterior a la llegada real de los inmigrantes a España, lo que automáticamente les confería una antigüedad de tres años. Tras este trámite, los implicados se daban de alta en otro Ayuntamiento de la provincia alegando un cambio de domicilio, al tiempo que solicitaban en el de Pilar de la Horadada el certificado de empadronamiento histórico, lo que les abría el camino para demandar permisos de trabajo y residencia en España por arraigo social. La operación de falsificación concluía con denuncias sobre supuestos robos de sus pasaportes para eliminar de esta forma cualquier rastro sobre la fecha real de entrada de los inmigrantes en España.

Falsedad y cohecho

La Guardia Civil acaba de descabezar esta trama, cuya investigación comenzó el pasado mes de febrero al descubrir que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada estaba expidiendo certificados de empadronamiento irregulares. El grupo de falsificadores estaba integrado por cinco personas: una mujer ucraniana y tres cómplices también del Este de Europa, más el funcionario del consistorio de Pilar de la Horadada. Los otros 10 detenidos son otros tantos inmigrantes que aprovecharon los falsos certificados de empadronamiento para tramitar permisos de residencia o trabajo en España. Los agentes imputan a los arrestados los supuestos delitos de falsedad documental y cohecho.

El funcionario, tras prestar declaración ante el juez, ha quedado en libertad bajo fianza, según informó ayer Efe de fuentes municipales. Esas fuentes también aseguraron que el empleado se dio de baja laboral por enfermedad justo inmediatamente después de su arresto. El Ayuntamiento se personará en el sumario.