Ripoll nombra a un jubilado como asesor de agua
Repesca por 53.000 euros al año al ex jefe del urbanismo de Benidorm
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, ha decidido incrementar su nómina de asesores con la contratación de Francisco de Santiago, que dirigió durante los últimos 15 años el departamento de Urbanismo de Benidorm. Este contrato eleva a 74 la lista de asesores y personal de confianza de la Diputación de Alicante en el vigente presupuesto, por un coste global que supera los 3,2 millones de euros.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante publicó el lunes pasado su nombramiento como "colaborador técnico de la Presidencia" en el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de La Marina Baixa, "con funciones de apoyo y asesoramiento técnico al señor presidente delegado" del Consorcio, que es el mismo Ripoll. Su retribución anual será de 53.000 euros. El nombramiento de Santiago tiene efectos del pasado 15 de mayo, según recoge el decreto del BOP.
Fue consejero delegado de una firma vinculada a los PAI de La Nucia
De Santiago fue jubilado a principios de este año por el consistorio de Benidorm, a pesar de que había pedido prorrogar más allá de los 65 años su actividad como funcionario. Nunca tuvo dedicación exclusiva, lo que le permitió trabajar en planes urbanísticos de la comarca desde su despacho privado.
El último ingeniero jefe del urbanismo benidormense llegó a ser consejero delegado de la mercantil Algeps Construcciones, SL, en la que también figuran Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses en los planes Pie de Ponte y Serreta de La Nucia, paralizados a lo largo de su tramitación por no justificar el abastecimiento hídrico de la Confederación del Júcar y problemas ambientales, aunque sí que la tenían del Consorcio de Aguas comarcal. Algeps Construcciones llegó a declarar en 2005 unos ingresos de más de cuatro millones de euros y también tenía vínculos societarios con el anterior jefe del departamento de urbanismo de Altea, Ángel Pérez Iniesta.
De Santiago ha sido director técnico del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa y vicepresidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, llegando a encabezar, junto al presidente Andrés Martínez, manifestaciones contra la política hídrica del Gobierno y a favor del trasvase del Ebro.
El presidente de la Diputación eludió ayer comentar la contratación del ex jefe de Urbanismo de Benidorm. "No hay nada que decir", señaló escuetamente un portavoz oficial del equipo de Ripoll. Este periódico también intentó sin éxito conocer la opinión de Santiago sobre su nuevo cometido como asesor de Ripoll.
El mutismo de Ripoll sobre este aspecto de su nómina de asesores contrastó con su locuacidad a la hora de replicar a las manifestaciones del ministro de Fomento, José Blanco, sobre el papel futuro de las corporaciones provinciales. Según Ripoll, las afirmaciones de Blanco tratan de enmascarar la falta de respuestas del Ejecutivo socialista a la crisis económica. "Las diputaciones tienen el papel de garantes para que los ayuntamientos tengan la autonomía local necesaria para decidir lo que hace en cada municipio", dijo.
El reverso de la moción
La moción de censura de Benidorm está a punto de pasarle una nueva factura a la ciudad. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha convocado para mañana una asamblea del Consorcio de Residuos de la Zona 15, que abarca a los 52 municipios de las dos Marinas, para trasladar el domicilio social del consorcio a la sede de la Diputación y destituir al secretario y al interventor del organismo, que son los del Ayuntamiento de la ciudad, para nombrar a los del ente provincial.
El Consorcio de la Zona 15 fue el primero que se constituyó en la Comunidad Valenciana en 2002, atendiendo al Plan Integral de Residuos que la Generalitat valenciana aprobó en 1997. El vertedero que ahora mismo acoge las basuras de ambas Marinas y La Safor se construyó El Campello y fue adjudicado a Fomento de Construcciones y Contratas, que lo activó hace menos de un año.
Desde la constitución del consorcio, su domicilio social estuvo en Benidorm, municipio que envía casi 200.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. Sus presidentes han sido sucesivamente los alcaldes del PP de Benidorm Vicente Pérez Devesa y Manuel Pérez Fenoll, pero tras la moción de censura la presidencia recayó en Ripoll, que se negó a perder el control del ente. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha sido relegado a la vicepresidencia segunda.
Tras el trasfondo político se configura el control económico del ente. Los 52 ayuntamientos deben pagar al consorcio poco más de 37,5 euros por cada tonelada de basura que descarguen en El Campello.
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