Un letrado de la Xunta ejerce defensa y acusación en el 'caso Retablo'

Como letrado de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Juan Ramón Costas Núñez asistió el pasado 19 de enero a Germán Hermida Noval, funcionario de la Consellería de Cultura imputado por el juez en el caso Retablo, un sumario con más de 2.000 folios que investiga prácticas corruptas en la restauración de arte sacro y la construcción de albergues para peregrinos.

Ese día, el jefe de gabinete de defensa jurisdiccional de la Asesoría Xurídica acudió al juzgado de Santiago para asistir en su declaración al jefe de servicio de Arquitectura de la Consellería de Cultura, Germán Hermida, quien explicó al juez los trámites que sigue este departamento para restaurar bienes de patrimonio. A preguntas del fiscal, el imputado admitió que mantenía una "relación amistosa dentro del ámbito laboral" con Carlos Gómez-Gil, presunto cabecilla de la trama y acusado de cohecho, quien ingresó en los últimos años 122.000 euros en una cuenta bancaria cuyo origen no pudo justificar.

Fuentes jurídicas señalan que el Código Penal castiga esta anomalía

El propio Germán Hermida admitió haber participado en una conversación -intervenida por la policía- donde tanto él como su interlocutor admitían que en la restauración de obras había "irregularidades por todos los lados". El funcionario explicó, sin embargo, que el término aludía a procedimientos dentro de la Consellería de Cultura "que no siguen el camino regular, pero no porque nadie esté haciendo cosas extrañas sino para sacar adelante las obras". También admitió que Gómez- Gil, restaurador de la Consellería de Cultura, firmaba proyectos a modo de "favores" a la Sociedad de Xestión do Xacobeo, cuyo arquitecto, José Manuel Pichel Pichel, amigo personal del anterior y que también figura como imputado en la misma trama. A preguntas del letrado de la Xunta, Hermida aseguró que el Xacobeo funciona al margen de la Consellería de Cultura pero que todo lo que ejecuta este departamento "tiene que tener la resolución de la Dirección General de Patrimonio" y habló de una obra concreta en el ayuntamiento de Barro que realizó la firma del empresario arrepentido que destapó la trama corrupta.

Todo eso sucedió el 19 de enero en presencia del abogado de la Asesoría Jurídica de la Xunta que asistía a un funcionario que había reclamado su defensa. Un mes y cuatro días más tarde, ese mismo letrado, Juan Ramón Costas Núñez, envió un escrito al juez del caso para pedir la personación de la Consellería de Cultura en el caso. El pasado 23 de abril, el abogado reiteró su petición para personarse esta vez en representación de la Xunta. Desde que el juez aceptó que la Administración ejerciese la acusación particular al considerarse perjudicada en este caso, el pasado 18 de abril, el letrado figura como representante de la Xunta y, al mismo tiempo, como defensor del citado funcionario. Fuentes judiciales se muestran perplejas ante este caso y aluden al artículo 467 del Código Penal que castiga con multas de 6 a 12 meses de inhabilitación a los abogados que, "habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios".