Un juez ve prevaricación y delito ecológico en un vertedero autorizado por el bipartito

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha apreciado indicios de delito ecológico y de prevaricación en el almacenamiento y posterior gestión de unas 20.000 toneladas de escoria procedente de la fábrica de Ferroatlántica en una vieja cantera de Brea, en Carballo (A Coruña), autorizado en 2005 por la Consellería de Medio Ambiente. Los vertidos contenían elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, una sustancia altamente tóxica, según constató el Centro de Control do Medio Mariño de la Consellería de Pesca.

El colectivo ecologista Verdegaia denunció los hechos cuando constató que decenas de camiones vertían residuos en la cantera desde finales de 2005 a principios de 2006. Los vaciados siguieron produciéndose en marzo de ese año, según denunciaron los ecologistas. La propia consellería llegó a precintar el recinto por carecer de licencia pero luego emitió un informe negando la existencia de los depósitos, lo que permitió al juez archivar la denuncia penal.

El auto que reabre la causa señala que se pudo cometer prevaricación

Imputado el ex director general de Calidade Ambiental e Avaliación

El auto judicial que reabre el caso recoge la "falta de realidad" de la información ofrecida por el entonces director general de Calidade Ambiental e Avaliación de la Xunta, el socialista Joaquín Buergo del Rio, "al trasladar noticias que no sólo no se corresponden, sino que incluso contradicen y ocultan los datos de los que disponía, silenciando el incumplimiento de resoluciones de la Administración".

La gestión de estos residuos estaba a cargo de la empresa Desguaces Lema, SL. Medio Ambiente le autorizó a almacenar los vertidos durante un tiempo limitado siempre que contase con un plan para reciclarlos. Pero, según sospechan el juez y el fiscal de medio ambiente, los residuos siguen todavía allí.

Además, el Seprona había denunciado irregularidades en la actividad de esta empresa en la cantera, como la carencia de autorización para el uso de las escorias en los rellenos del interior de la propiedad o de informe de impacto ambiental. En julio de 2006, la Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico, dependiente la Consellería de Medio Ambiente, propuso sancionar a Desguaces Lema por un vertido no autorizado de aguas residuales de relleno con escorias de una balsa de la cantera al río Ponte Rosende.

El auto asegura que es "sorprendente" que Calidade e Avaliación Ambiental afirmase en un documento exigido por el primer juez que llevó el caso que el empleo de estos residuos había sido correcto por utilizarse para obra civil, "pese a desprenderse lo contrario" de los documentos de la propia dirección geneeral. "No parece que se pueda argumentar que Joaquín Lucas Buergo del Río desconocía las posibles irregularidades de Desguaces Lema en el tratamiento de las escorias de Ferroatlántica".

El auto asume también los indicios de delito ecológico y abre diligencias para su investigación, incorporando las pruebas por parte de los denunciantes y del fiscal de medio ambiente. El juez advierte que la responsabilidad penal de este presunto delito ecológico "cabe extenderse no sólo a los causantes de la fuente de contaminación, sino también a los administradores públicos".

En la reapertura del caso, el juez da instrucciones para que Desguaces Lema se abstenga de cualquier actuación, como limpieza, movimientos de tierra o canalizaciones de terrenos para poder practicar una prueba pericial en la cantera mediante catas que determinen si continúan allí las escorias de silicomanganeso. También pretende comprobar los posibles riesgos ambientales del depósito en el entorno.