Contas revela un caos económico en las cofradías

La cofradía de Ferrol no llegó a rendir cuentas y de las que sí lo hicieron casi la mitad (el 46%) presentaron la documentación fuera de plazo. Todo, a pesar de que estos organismos sobreviven gracias a las subvenciones públicas y de que "prácticamente ninguno subsistiría sin esas ayudas", según reza en el citado dictamen. Un ejemplo paradigmático -habría muchos más- es el pósito de Camariñas. Los auditores no pueden garantizar que sus números representen "la imagen fiel de la gestión económica y patrimonial". Su único cometido, además de la tramitación administrativa, es la explotación de una fábrica de hielo deficitaria: cada año genera unas perdidas del 20%. La gestión de los socios no aparece reflejada documentalmente y en 2007 su sostenimiento corrió a cargo de los mariscadores. El sector de bajura directamente no aportó. Y las actas de las escasas reuniones de gobierno se recogen "en hojas sueltas sin las debidas garantías en cuanto a su integridad".

El dictamen revela irregularidades en cuentas, contratos y control de las ayudas

Cofradías como las de Ribeira, O Grove, Cambados, Ribadeo, Cedeira o Malpica incurrieron en irregularidades similares. Más que casos aislados, el desgobierno, cuando no las ilegalidades flagrantes, es un mal generalizado en todo el sector. Continúa el Consello de Contas: "Algunas entidades no elaboraron el preceptivo presupuesto y en las restantes dicho instrumento de gestión carece de la debida efectividad adoleciendo de un insuficiente desarrollo que no permite el adecuado control de las partidas de gasto".

Y si siguen subsistiendo es gracias a "la concesión de subvenciones de capital y por la cesión o adscripción de bienes por parte de distintas administraciones públicas". Sin este tipo de ayudas, "prácticamente la totalidad de corporaciones carecería de viabilidad". Pese a ello, la ratio de endeudamiento de las cofradías es "notoriamente insatisfactoria" y en 2007, el período analizado por el ente fiscalizador, tendía a empeorar. La adscripción del personal funcionario a cada pósito "no obedece a ningún criterio objetivable". En cinco entidades se mantiene una proporción de tres trabajadores públicos por cada 100 socios y en otras 20 hay un funcionario por cada 100 miembros. En la política de personal, si es que la hubiese, los pluses salariales no están documentados, los contratos temporales se encadenan sin fecha e incluso hay trabajadores que no han sido dados de alta en la Seguridad Social.

Los asociados pagan una media de 41,32 euros al año, pero eso no es decir mucho porque mientras en O Grove la cuota es de 6,21 euros anuales, los de Caión pagan 337,66. E igual sucede con las ayudas públicas: la media de lo invertido por socio era en 2007 de 353,40 euros. En ocho de los pósitos las ayudas públicas superan los 1.000 euros por asociado, mientras que otras cinco perciben 10 veces menos. Por supuesto, la ausencia de control sobre los beneficios de los fondos públicos invertidos también es absoluta.

El Consello de Contas, además de recomendar una organización racional de los recursos y más transparencia a estas organizaciones, invita a los pósitos más pequeños a fusionarse. Detalla que la "considerable fragmentación del sector" hace "inviable una gestión eficaz por parte de las cofradías de pescadores sobre todo en la actual coyuntura tecnológica y económica".

El dictamen del organismo fiscalizador carga también contra la Xunta -su análisis corresponde a la gestión del bipartito- que, pese a este contexto desfavorable, "sigue invirtiendo en la construcción de nuevas lonjas, sin que exista el debido fundamento económico que justifique dicho gasto". Contas pone en duda la eficacia de los actuales canales de intermediación, que encarecen significativamente los productos en las lonjas, donde los auditores registraron variaciones en el precio de hasta un 380%.