Todo es economía

Las noticias de contenido económico se acumulan sin parar y resulta difícil incluso para el economista profesional mantenerse informado en todos los frentes. Dificultad que se agrava por la confusión que parece envolver la acción del Gobierno central, con claro exceso de globos sonda y rectificaciones, y la actitud escasamente cooperativa de la oposición, más interesada en obtener réditos electorales que en arrimar el hombro en esta coyuntura económica negativa extraordinaria.

¿Qué efectos va a tener en España y en Galicia el ajuste fiscal anunciado hace unas semanas por el Gobierno? La respuesta no es fácil, porque a los efectos de demanda puramente presupuestarios (las familias y la Administración pública va a tener menos renta y por tanto gastarán menos) se le unen los efectos generados por las expectativas. En particular, lo inesperado y urgente del recorte de salarios públicos ha regado los brotes de la inquietud. Probablemente el efecto final sobre el crecimiento del PIB en 2010 se acabe situando entre las consecuencias prácticamente nulas de las que se habla desde el Gobierno central y el casi medio punto que argumentan algunos analistas. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que el peso del empleo público en Galicia y el volumen de inversión del Ministerio de Fomento supera la media española, cabría esperar que el recorte en el PIB de Galicia fuese alguna décima superior al caso de España. En definitiva, aun aceptando que el ajuste se va a notar en el crecimiento económico de España y que el efecto será algo mayor en Galicia, me parece que revisar las estimaciones de crecimiento para Galicia para situarlas en el terreno negativo es excesivamente pesimista. El diferencial positivo de crecimiento heredado desde la etapa del bipartito y el efecto del Xacobeo deberían ser suficientes para acabar con un incremento del PIB gallego y situarse en los puestos de cabeza en el ranking autonómico.

Revisar el crecimiento de Galicia para situarlo en el terreno negativo es excesivamente pesimista

En cuanto a la imposibilidad para los ayuntamientos de acceder al crédito a largo plazo aprobada esta misma semana, era una medida inicialmente dura, que necesariamente iba a provocar fuertes recortes en el gasto local y desfases presupuestarios. Especialmente en Galicia, donde los problemas de insuficiencia financiera son más graves, porque combinan un problema estructural de abstinencia fiscal con el coyuntural del crac inmobiliario. La rectificación sobre la fecha de entrada en vigor desactiva la medida: va a anticipar la negociación de créditos en 2010 e incrementará la deuda de los ayuntamientos en este año, para congelarla el que viene. O la medida era innecesaria y la rectificación un error; o la medida era un error y la rápida rectificación necesaria.

No es preciso meditar la creación de ningún nuevo "impuesto sobre los ricos". Ya tenemos el impuesto sobre el patrimonio que el Gobierno de Zapatero metió en la nevera, pero no eliminó, hace ahora dos años. Es verdad que es un tributo con deficiencias y que precisa de una reforma. Pero es evidente que otros tributos bien vigentes los tienen (la escandalosa evasión y elusión fiscal de rentas empresariales y profesionales en el IRPF, por ejemplo) y no por ello los abandonamos. El profesor Alfonso Utrilla nos recordaba hace unos días algunos datos a tener presentes. En 2007, 981.291 personas declararon el Impuesto de Patrimonio en España, por un total de 761.437 millones de euros (el 72,3% del PIB). El 70,4% de su patrimonio era capital mobiliario. Un total de 3.965 personas tenían un patrimonio neto de más de seis millones de euros; en total 57.219 millones de euros, con una media de 14,4 millones por declarante. Esas mismas personas pagaron 416,2 millones de euros (el 19,6% de la recaudación total), con una media de 104.971 euros por persona. Ahora no pagan nada, por la supresión del impuesto.