El PSOE denuncia que la concesión del hospital de Vigo es irreversible
Los socialistas atacan la financiación privada del complejo
El modelo de financiación que el PP quiere imponer en Galicia para construir dos nuevos hospitales se equipara a lo que los economistas llaman ilusión fiscal. Una fórmula para disfrazar ante el ciudadano un gasto que, abriendo la puerta a la iniciativa privada, compromete los presupuestos durante dos o tres décadas a cambio de poder cortar la cinta roja de los nuevos complejos en dos o tres años. Con el añadido de que el pago del canon anual no computa en las cuentas públicas como deuda, sino como inversión.
Es, en resumen, lo que ayer denunciaron los socialistas después de que se publicase en EL PAÍS que la infraestructura sanitaria de Vigo costará más del doble que la diseñada por el bipartito: serán 860 millones frente a los 408 del planteamiento inicial. Además, no tiene vuelta atrás. Una vez que se complete la fase actual de licitación y se adjudique a una empresa, "será muy difícil rescatar la concesión", señaló ayer Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG. "Casi imposible", puntualizó su compañero de partido Modesto Pose. "Va a ser la decisión más errática de la historia democrática de la comunidad autónoma", aseguran los socialistas. Añaden que no es verdad que vayan a ser 100% públicos: los servicios complementarios quedarán todos en manos de la misma empresa, la "dueña del hospital", durante 20 años.
"Va a ser la decisión más errática de la historia de Galicia", asegura el PSdeG
Ninguno de estos argumentos sirvieron ayer a la superdelegada en Vigo del PP, Lucía Molares. Los salvó echando mano del argumentario de la Consellería de Sanidade: lo importante es que se crearán en tres años 2.400 puestos de trabajo para su construcción. Parece pasar por alto que con una financiación totalmente pública la mano de obra necesaria para levantar el complejo sería la misma. El canon anual por el centro vigués será de 71,6 millones: 46,4 por la construcción y el resto por los servicios.
El PSdeG ha presentado una proposición no de ley para que la Xunta desista del procedimiento.
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