La alcaldesa de Porqueira despidió a un fijo para colocar a una contratada por Baltar

La alcaldesa de Porqueira, Susana Vázquez Dorado, tiene en su currículo el mérito de haber sido la primera política declarada oficialmente tránsfuga en España. Salió elegida en 2004 por las listas del PSOE y se pasó al PP, que a cambio le ofreció la alcaldía, arrebatada así a un gobierno bipartito. En esta ocasión, la regidora del sector baltarista del PP despidió a un trabajador fijo de la plantilla municipal, sin alegación de motivos, para poner en su lugar a una contratada por la Diputación que (como otro medio centenar de empleados por Baltar repartidos por ayuntamientos) no cabe en las dependencias de la institución provincial, por lo que ha sido "trasladada".

La nueva empleada de este municipio es hija de un ex concejal popular del mismo pueblo que "según él mismo ha reconocido en ocasiones, ha financiado actos electorales del PP en Porqueira", advirtió ayer el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. La expulsión "injustificada" del trabajador de la plantilla municipal para colocar en su puesto a la "enchufada" de Baltar le ha costado a la alcaldesa una sentencia firme por despido improcedente. Deberá indemnizarlo con 24.000 euros de las arcas municipales.

No es la única sentencia firme contraria a la regidora. Vázquez Dorado debe indemnizar también, en este caso con 9.000 euros, a un vecino que le advirtió de la ilegalidad de una obra que se realizaba en la localidad de A Forxa. Como la regidora hizo caso omiso, el particular acudió a la vía judicial y la acusó de haber hecho "dejación de sus funciones" al mirar hacia otro lado mientras se consumaba la ilegalidad.

A la vista de las dos sentencias, los nacionalistas sostienen que la alcaldesa pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y se plantean si denunciarla por ambos hechos ante la Fiscalía o el juez. El BNG cree que hubo prevaricación por omisión, en uno de los casos, al permitir la obra, "a sabiendas de que era ilegal y de que su decisión costaría dinero al Ayuntamiento". Y "prevaricación directa", en el otro, al despedir a un trabajador fijo "siendo consciente también de que era ilegal y costaría dinero público para beneficiar a otra persona por la relación partidista que mantiene con ella".

El delito de malversación de fondos públicos vendría dado, según el BNG, por el montante económico. Los 30.000 euros procedentes del dinero municipal evidencian para los nacionalistas que se han utilizado recursos del Ayuntamiento "que no benefician a los vecinos".

El BNG pide a los presidentes populares de Ourense y de Galicia, de cuyas ejecutivas es miembro la alcaldesa tránsfuga, que expliquen si su actuación cumple los preceptos de "buena gestión, eficacia y austeridad" que el PP gallego predica en estos momentos "de extrema dificultad".