Los problemas de la luz no se resuelven a oscuras

En las múltiples reacciones a las medidas de ajuste del déficit público por parte del Gobierno parece haber bastante coincidencia en que los costes de salida de la crisis deben acabar repartiéndose de forma más amplia y equitativa, afectando a otros grupos con más capacidad económica. También se resalta la necesidad de mejorar simultáneamente la competitividad de la economía española para conseguir un crecimiento que reduzca el desempleo y acabe de eliminar el déficit.

Entre esos grupos de mayor capacidad e incidencia sobre la economía destaca el financiero, sobre el que por fin parece que se van a adoptar medidas de ámbito internacional para que, como principal imputado de haber desequilibrado las cuentas públicas, lleve a cabo como dice el FMI "una justa y sustancial contribución".

Lo que toca a las eléctricas no es presionar al regulador, sino cooperar con él para meter tijera y eliminar grasa

Los beneficios regulatorios extra que perciben al año equivalen casi al ajuste del déficit del Gobierno en 2010

En España, además, hay otro sector con gran incidencia en la competitividad de la economía que no parece sentirse interpelado para contribuir a la salida de la crisis; todo lo contrario, se mantiene entre los demandantes de más compensaciones públicas. Me refiero al sector eléctrico, también muy poderoso y en mejor situación económica que el financiero, por no estar sometido como éste a la competencia y que tiene también su misma capacidad de "capturar" a ex-reguladores, académicos, consultores, medios de comunicación, etc. Ese fenómeno sucede no sólo en España o en la Comisión Europea, como nos acaba de recordar Obama al reprochar a las petroleras americanas su "íntima" relación con las agencias gubernamentales reguladoras.

Las empresas eléctricas españolas disponen de profesionales muy competentes y capaces de competir internacionalmente. Sin embargo, están dirigidos con una visión financiera orientada a aumentar el valor que se tenga que pagar por ellas en previsibles OPAS de otros grupos nacionales y extranjeros, interesados en consolidar su propio negocio o trocearlas y revenderlas con sustanciosos beneficios. El problema es que todo esto se efectúa a costa de los consumidores españoles, entre ellos pymes e industrias.

Los últimos ejercicios, como se ha escrito recientemente sobre las eléctricas en un diario económico, están suponiendo un manantial de ingresos como nunca se había dado en un sector regulado de suministros básicos. Tras el escudo del déficit tarifario, denuncia, se han construido otras defensas menores para justificar la imponente subida tarifaria. Las lluvias empujan y abaratan la producción y el Gobierno, agrega el artículo, "impulsa las tarifas".

Este planteamiento no puede mantenerse con la que está cayendo. Lo que ahora toca al sector eléctrico no es lograr más de los reguladores, sino cooperar con ellos para meter tijera y eliminar grasa de tantas compensaciones regulatorias como recibe, ayudando a reducir el déficit público y favoreciendo la competitividad de la economía española con un sistema más eficiente que reduzca los costes del suministro.

Recientemente han sido noticia algunos apagones eléctricos. En estos casos siempre aparece algún clásico del sector que recuerda al regulador que, si no cuida bien a las empresas, éstas dejan de invertir y se produce con el apagón una oscuridad, a la que hago referencia en el título del artículo, en la que se les acaban resolviendo sus problemas.

Pero los tiempos han cambiado y ahora hay que evitar la oscuridad aprovechando la ventana de oportunidad que proporciona la crisis, al retrasar la necesidad de nueva potencia firme, para replantear de forma global el modelo regulatorio. Hay que tomar medidas urgentemente, pero no forzando, una vez más, retoques parciales, sino llevar a cabo con la colaboración del sector eléctrico, un análisis e identificación global de los problemas actuales de diseño y funcionamiento del mercado eléctrico y del marco regulatorio; acordar el horizonte 2020-2030 al que queramos dirigirnos y formular propuestas coherentes que, atendiendo a criterios de eficiencia, equidad y seguridad jurídica, den solución al conjunto de dichos problemas.

En esas propuestas habrá que reconsiderar la función del mercado eléctrico que, además de marginalista, ha pasado también a ser marginal en la medida que sus precios sólo son marcados por una minoría de centrales de gas, mientras la mayor parte de las energías se eligen por sus características técnicas (fluyentes o no regulables) o por condicionantes de política energética. Por ello ese mercado no da señales, ni sobre las nuevas centrales a instalar (la burbuja de ciclos combinados de gas lo corrobora), ni sobre la adecuada remuneración de las existentes, que tiene lugar por defecto (en las de gas que funcionan pocas horas) o por exceso (en hidráulicas y nucleares, que ya recuperaron prácticamente sus inversiones y tienen costes muy por debajo del precio de mercado).

En cambio, el coste marginal determinado por ese mercado sí es un indicador adecuado de los precios para los consumidores ya que, al señalar el coste de producir un KWh adicional, provoca un uso eficiente de la electricidad.

Que los consumidores paguen el precio de mercado no implica, sin embargo, que las eléctricas tengan que percibir la totalidad de ese precio, en una serie de supuestos en los que están percibiendo beneficios regulatorios adicionales. Entre ellos: a) la energía procedente de centrales hidráulicas y nucleares, por las razones antes apuntadas; b) la energía de exportaciones y bombeo, cuyo precio aumenta la remuneración de toda la generación para la demanda doméstica; c) la internalización de derechos de emisión de CO2, que aumenta adicionalmente la retribución de hidráulicas y nucleares; d) los beneficios adicionales de las centrales que resuelven restricciones técnicas; e) el sobreprecio regulado de la energía y márgenes de los comercializadores de último recurso, respecto a los distribuidores que lo efectuaban antes.

La cuantía de estos beneficios adicionales regulatorios puede alcanzar 5.000 millones de euros anuales (equivalente al coste de las medidas de ajuste del Gobierno en 2010), que incrementan de forma no justificable un "déficit tarifario", del que debería también deducirse el exceso cobrado por las eléctricas de unas compensaciones -denominadas CTC- que, según datos de la Comisión de Energía, puede superar 2.000 millones de euros. Conviene precisar que el denominado "déficit tarifario" (precios de mercado menos tarifas) no es un déficit económico (ya que las tarifas cubren los costes del suministro) sino un déficit producido por la regulación.

Al monto final del déficit se llega con los demás costes regulados: energías renovables (5.900 millones de euros en 2010), distribución (5.200 millones), transporte (1.400 millones) y otros varios.

Es loable el intento de reducir los costes del déficit para abaratar el suministro, pero no sería equitativo hacerlo sin previamente replantear los causados por los beneficios regulatorios adicionales citados. El ajuste de éstos sería también, en la terminología del FMI, "una justa y sustancial contribución" de las eléctricas al déficit.

Respecto a las renovables, que últimamente han aparecido como los villanos del déficit, tiene todo el sentido apoyar su desarrollo en España, por su papel predominante en el futuro y por las externalidades positivas que ya aportan, incluida la apreciable reducción del precio de mercado. El apoyo tiene, en cambio, que adaptar la incorporación de cada tecnología a su propia curva de reducción de costes antes de su implantación masiva. A ello puede contribuir la sustitución del sistema actual de autorizaciones, basado en el orden de llegada, por el de concursos-subasta para las diferentes tecnologías, en el que las ofertas se seleccionan en función de su precio e innovación tecnológica. Con ese cambio de enfoque, las eléctricas no deberían considerar las renovables como su adversario sino participar más en su desarrollo, como han comenzado a hacer en la eólica, y dar el paso a la solar termoeléctrica, cuya tecnología les es más próxima, que se utilizará en los proyectos tipo Plan Solar Mediterráneo que nos afectarán en el futuro.

En los próximos años va a ser necesario desplegar en España una política energética tecnológicamente más ambiciosa, que promueva proyectos innovadores, en los que la participación de las empresas eléctricas es fundamental. Para ello será necesario dotar recursos adicionales que, en parte, pueden provenir de la extensión de vida útil de las centrales hidroeléctricas y nucleares existentes, con una remuneración que permita que se beneficien de la misma empresas, consumidores y contribuyentes.

Además, hay una serie de problemas inmediatos: titulización del déficit, compensaciones a las centrales de gas, remuneración de la distribución..., que sería conveniente resolver ya, y analizar con las empresas las medidas para conseguir la rentabilidad que les permita abordar las inversiones necesarias para contribuir a relanzar el conjunto de la economía española. -

entre 1982 y 1986.

Martín Gallego Málaga fue secretario general de la Energía