Ni bonito ni querido

El Decreto Ley "por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público" constituye, en muy buena medida, el mejor ejemplo del fracaso de una forma de hacer política económica. Y lo es en un doble sentido, que viene a coincidir con los dos elementos que, agregados, elevaron (desde el superávit del 1,9% del PIB en 2007) el déficit público español hasta el 11,4% de nuestro PIB: el componente cíclico, y el componente estructural. El componente cíclico del déficit, el que deriva directamente de una contracción de la economía nacional, es el relacionado con la caída de los ingresos impositivos y el incremento del gasto (por ejemplo, prestaciones por desempleo). Son los llamados "estabilizadores automáticos"; a los que hay que sumar el conjunto de decisiones discrecionales extraordinarias que el Gobierno adoptó para hacer frente a la crisis: los 13.000 millones de euros del Plan E; cuya rentabilidad económica y social es, como mínimo, muy cuestionable, a la luz de sus resultados en términos de empleo y crecimiento.

El Gobierno central ya le debe a la Xunta 420 millones de euros por la Ley de Dependencia

El denominado déficit estructural es el que persistiría en nuestra economía incluso aunque alcanzásemos la situación de pleno empleo y se debe, por tanto, a razones diferentes de la coyuntura económica. De acuerdo con los datos manejados en el Ministerio de Hacienda, más de la mitad del déficit español (en torno al 6,2% del PIB) es estructural. Es decir, tiene su causa en un mix compuesto por la asignación ineficiente de recursos por parte de la Administración; en las rigideces del mercado de trabajo; en las tendencias al alza del gasto sanitario, social y en pensiones; en las ineficiencias detectadas en los recursos públicos dedicados a la promoción económica (subvenciones); en decisiones con vocación de permanencia tomadas en relación con los impuestos; y en la carga derivada de un endeudamiento público creciente, en un contexto de tipos de interés bajos que solo pueden tender a subir. Suprimir el impuesto del Patrimonio (2.100 millones de euros recaudados en 2007); o suprimir la publicidad en TVE (500 millones euros/año); o no reformar el mercado energético (6.000 millones de euros en primas en 2009), o el laboral, como lleva tiempo demandando el Banco de España (que fue por ello criticado por algún ministro), son decisiones que inciden en el déficit estructural.

El Decreto de medidas urgentes tiende a atajar el componente cíclico del déficit, sin lograrlo del todo, a un gran coste económico y con grandes incoherencias redistributivas personales (jubilados) y territoriales (¿deben recortar sus gastos en la misma medida las comunidades que superan el 2% del déficit y las que, como Galicia, han conseguido cerrar 2009 con el 1%?). Lo más grave de la situación actual es que aún queda por abordar la cuestión del déficit estructural. Pensemos, sin ir más lejos, en los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, uno de los programas de gasto mejor intencionados y más apoyados en Cortes en la pasada legislatura: el Gobierno central, obligado a pagar el 50% de las prestaciones, ya le debe a la Xunta 420 millones de euros de los años 2008 y 2009; y el gobierno autonómico está asumiendo este año el 70% de las pagos al cada vez mayor número de dependientes gallegos, en buena medida gracias a los recursos liberados por el plan de austeridad de la Xunta. Pero el gasto, dada la tendencia al envejecimiento de nuestra población, no va a dejarse de incrementar en los próximos años. Este es el segundo gran fracaso de la política económica de Zapatero: no sólo fueron poco acertadas las medidas que adoptó para luchar con la crisis a corto plazo, sino que aún queda lo más importante por abordar, lo estructural, las reformas imprescindibles para hacer sostenible financieramente el Estado del Bienestar: la reforma laboral, la del sector eléctrico, la fiscal, la aún incipiente del sector financiero, la administrativa y de la función pública, el establecimiento de estrategias económicas de futuro que condicionen la actividad subvencional, o la ordenación de las competencias y del gasto público territorializado. Reformas que difícilmente podrá impulsar sin amplios consensos políticos, sociales y territoriales que, en las actuales circunstancias, parece difícil, cuando no imposible, que el actual gobierno pueda lograr.

En uno de sus hermosos relatos cortos, de título Feliz, Ángeles Mastretta refleja la frustración de una mujer que deseaba que su marido le dijese "bonita", y que su amante le dijese "querida". Tras el Decreto, Zapatero pretendió que quienes están a su derecha le llamasen "bonito", y quienes están a su izquierda le dijesen "querido". A la mujer del relato de Mastretta le resultó imposible; así que los dejó a los dos, se compró un espejo grande y las obras completas de Mozart, y "nunca fue más feliz que aquel verano azul". ¿Le gustará Mozart a Zapatero?

Pedro Puy es portavoz parlamentario del Partido Popular de Galicia