Castellón determina que no financió al PP de forma ilegal

l Ayuntamiento del Castellón aprobó ayer, con los únicos votos a favor del PP, el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación abierta para determinar si las adjudicaciones a las empresas Facsa, Lubasa y Piaf implicaron una financiación ilegal del PP. Las tres empresas han sido relacionadas por la policía con la supuesta financiación ilegal del PP durante la investigación del caso Gürtel. El equipo de gobierno de los populares hizo uso de su mayoría absoluta para aprobar un informe que asegura que los contratos investigados, entre 2003 y 2009, no presentan ninguna irregularidad y que de su análisis no se desprende "base argumental ni jurídica que permita sostener indicio alguno de implicación de una supuesta financiación irregular del PP a cambio de adjudicaciones de contratos".

El PSPV votó en contra de este dictamen ya que, a su entender, sí se ha destapado un "presunto trato de favor y de información privilegiada con las empresas". Por ello, el Grupo Socialista remitirá sus conclusiones a la dirección del PSPV para que decida si las adjunta a la querella presentada ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el Bloc votó en contra de las conclusiones expuestas por los socialistas y se abstuvo sobre el dictamen aprobado por el PP ya que, según explicó el portavoz del grupo, Enric Nomdedéu, "no se han detectado prácticas ilegales" pero sí se han documentado "graves disfunciones" y una "pésima gestión política". Se refería a que la comisión ha desvelado que el PP adjudicó a estas sociedades, sin contrato y con el informe negativo de la intervención, alrededor de 25 millones de euros.

En este clima, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, suspendió una conferencia prevista en Valencia el próximo lunes que debía presentar el consejero Rafael Blasco. Una cancelación que fuentes del PP atribuyeron a los escándalos que relacionan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con Gürtel.