Los sindicatos irán a los tribunales si se recorta a las empresas públicas

"Nos vamos más disgustados y con más rabia que cuando entramos. Una cosa es lo que te imaginas y otra la cruda realidad". Esta declaración del representante de UGT, Antonio Tirado, en la Mesa de la Función Pública, resume el encuentro mantenido ayer con la consejera de Hacienda. Carmen Martínez Aguayo, informó a los tres sindicatos presentes en la Administración andaluza -CC OO, UGT y CSIF- el contenido del decreto de recorte salarial para los funcionarios que aprobará hoy en sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno. La Junta trasladará el recorte del decreto nacional a todos sus funcionarios y al sector público, con el que pretende negociar en el caso de las sociedades mercantiles con convenio.

La Consejería de Hacienda pretende aplicar el ajuste a todo el sector público

Felipe Falcó, de CC OO, fue más expresivo y contundente al valorar la reunión: "Estamos indignados con las medidas del Gobierno central, que la Junta va a trasladar en todos sus términos, e incluso más allá, al extenderlas a las empresas públicas, incluso a las de carácter puramente mercantil. El decreto ha roto la negociación colectiva no sólo de los empleados públicos, y lo que estamos discutiendo son agresiones graves a la democracia en nuestro país". Los sindicatos afirmaron ayer que acudirán a los tribunales si se aplican los recortes a las sociedades públicas mercantiles que tengan convenio colectivo vigente.

Tanto Tirado, como Falcó, y el representante de CSIF, Rafael Hurtado, se negaron a aceptar la oferta de la consejera para que los sindicatos y la Junta negociaran la tabla de recortes al personal laboral de la administración regional, cifrada en su conjunto en el 5%. "Si me vas a matar no me pidas que negocie de que forma vas a hacerlo", señaló Falcó.

Pese al desánimo, los tres sindicalistas quisieron endulzar la información recibida comunicando que la consejera se había comprometido a sacar adelante el acuerdo alcanzado para la nueva convocatoria de oferta pública de empleo, así como el compromiso de iniciar en los próximos meses la negociación para elaborar una nueva Ley de Función Pública.

Por su parte, la consejera Martínez Aguayo explicó que la Junta va a aprobar hoy un decreto en "términos similares" al aprobado por el Ejecutivo central la pasada semana, es decir, recorte desde el 0,56% de los salarios más bajos hasta el 7% de los más elevados, y el 15% en el caso de los altos cargos. Martínez Aguayo agradeció a los sindicatos "el tono mantenido en la reunión", y afirmó que la intención del Ejecutivo de José Antonio Griñán es aplicar el recorte salarial "a todo el sector público empresarial".

Cuestionada sobre la capacidad de la Junta de aplicar la reducción en las sociedades mercantiles, Martínez Aguayo indicó que existe cierta dificultad en su aplicación: "Vamos a sentarnos a negociar, pero si no hay negociación no habrá recorte", indicó. A los que parece seguro que si afectará de manera inmediata será a los altos directivos de las citadas empresas, según aseveró la consejera.

No obstante, fuentes del Ejecutivo explicaron el pasado día 14 que la intención de la Junta es que si los comités de empresas de dichas sociedades mercantiles públicas no negocian el recorte salarial en los términos aplicados a los funcionarios, la cuantía se detraerá de los fondos públicos que reciben dichas empresas, lo que situaría a los sindicatos y a las propias empresas en una difícil situación.