El Gobierno acusará en el 'caso De Miguel' si ve daño al interés público

El Gobierno acordó en el consejo de ayer pedir al juez Roberto Ramos, que instruye el caso De Miguel, que admita su personación en la causa. El Ejecutivo quiere acceder a las investigaciones practicadas hasta ahora para decidir si actúa como acusación, cosa que hará si de ellas extrae indicios de que ha habido intereses públicos perjudicados, según pudo saber EL PAÍS.

La portavoz, Idoia Mendia, se limitó ayer a transmitir, al término de la reunión semanal del Gobierno, la decisión de solicitar la personación, con el fin, dijo, de "recabar toda la información necesaria". "Partiendo de ahí, tomaremos las decisiones pertinentes respecto de las personas que aún trabajan para la administración y que han sido imputadas por el juez", añadió. En esta situación se encuentran, al menos, la técnico del Parque Tecnológico de Miñano, Miren y el ex director del mismo y ex auditor del tribunal de cuentas, Alfonso Arriola, detenido el 17 de marzo por la Ertzaintza junto a los otros siete imputados iniciales.

Agirre propone que el BOTHA publique bienes e intereses de los cargos forales

Junto al Gobierno, según anunció Mendia, se personarán todas las sociedades públicas y participadas por la administración general de la comunidad autónoma que aparezcan en la causa. La propuesta la realizó el consejero de Industria, Bernabé Unda.

Entretanto, el Ejecutivo seguirá suministrando al procedimiento judicial toda la documentación sobre los expedientes relacionados con la causa que el juez instructor le vaya reclamando. La portavoz indicó que el Gobierno no puede ya adoptar ninguna otra medida ni corrección de actuaciones supuestamente irregulares, puesto que se trata de decisiones ya ejecutadas durante el mandato del anterior equipo de Juan José Ibarretxe.

Por su parte, el diputado general de Álava, Xabier Agirre, confirmó la petición de personación en la instrucción que afecta a su ex responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, así como otras diez personas vinculadas al PNV. El diputado general explicó que haber adoptado esa iniciativa en el momento de la detención e imputación de De Miguel habría carecido de sentido, al encontrarse la instrucción bajo secreto. Agirre adelantó, asimismo, que el consejo de diputados decidió remitir a las Juntas Generales de Álava una modificación de norma foral, por la que se publicará en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) la declaración de bienes e intereses de todos los diputados y altos cargos, sin necesidad de contar con su consentimiento."Queremos garantizar la máxima transparencia pública", sentenció. Aunque la norma no puede tener carácter retroactivo, el diputado general lanzó un envite al PP, por sus ocho años al frente de la Diputación. "Solicitamos que quienes han gozado de cargos de gobierno y de confianza en los últimos diez años también actúen con igual transparencia y hagan públicas sus declaraciones", emplazó.

Agirre reconoció que esta medida, así como la personación en el caso De Miguel, obedecen a un sentimiento de que "la institución foral se está viendo perjudicada" y se encuentra en una situación de indefensión, al no conocer el contenido del sumario de cerca de 5.000 páginas que instruye el juez Roberto Ramos desde hace dos meses y cuyo secreto se levantó el pasado viernes. "Si observásemos que la Diputación foral se ha visto vulnerada en este procedimiento, sólo exigimos que se cumpla la ley, que el que la hace la pague", concluyó el diputado general, que evitó la pregunta de si consideraba culpable al ex diputado de Administración Foral, Alfredo de Miguel. "A eso no voy a contestar", concluyó.