El juez eleva a 2,15 millones el fraude de Irún y saca del caso a dos imputados
El juez del fraude de la Hacienda de Irún ha elevado a 2,15 millones la cuantía de la que presuntamente se apropió José María Bravo, en el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado lunes, y que deja fuera del proceso a dos de los hasta hoy seis inculpados.
El ex jefe de la oficina de la Hacienda de Irún, José María Bravo, está imputado por un total de nueve delitos -alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y dos más por estafa-. El juez procesa a la esposa de Bravo, Rosa María Cobos, por alzamiento de bienes, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, delito este último por el que también inculpa al socio de Bravo, Pedro María Atristrain. El documento judicial procesa además al decorador José Lamy por un delito de cohecho, mientras que sobresee provisionalmente las actuaciones contra otras dos personas imputadas durante la instrucción: la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y el responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de la Hacienda de Guipúzcoa, Juan Pardo San Gil.
Las 21 páginas del auto, notificado ayer a las partes, describen los delitos presuntamente cometidos por José María Bravo, principal imputado del caso, quien actualmente está en libertad bajo fianza y del que asegura que "se apropió con ánimo de lucro de cantidades puestas a su cargo por razón de sus funciones" por un importe total de 2.155.863 euros. Hasta el momento se pensaba que esta cuantía podría rondar los 1,8 millones.
Una quita de la deuda
Este dinero habría sido recibido por Bravo en metálico, pagarés y cheques, algunos de los cuales habrían sido ingresados en sus cuentas así como en las de su esposa Rosa Cobos y su socio Pedro Atristrain. El documento repasa una a una las cerca de cuarenta actuaciones supuestamente delictivas cometidas entre 1990 y 2004, en la mayoría de las cuales Bravo siguió un patrón similar al reclamar distintas cantidades económicas a contribuyentes, comercios y empresas morosas de la Hacienda. A muchos de ellos les aplicaba una quita de la deuda, tras lo que presuntamente se apropiaba del dinero sin ingresar la mayoría de las veces cantidad alguna en las arcas forales.
En varios casos, Bravo llegó a emitir justificantes de las entregas de dinero "a sabiendas de lo injusto de su conducta". Algunos de los contribuyentes a los que se dirigió tuvieron que solicitar préstamos para hacer frente a la deuda. Después, daba de baja las deudas por insolvencia o prescripción.
