El apagón de Girona afectó al doble de abonados de los que cifró Endesa

La dimensión del problema causado por la nevada que el pasado marzo cayó sobre Cataluña, y en particular sobre Girona, es mucho mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Si para algo sirvió la comparecencia de ayer en el Parlament del consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, fue, sobre todo, para elevar hasta el doble el número de abonados afectados, respecto de los que había cifrado Endesa: el primer día del temporal "excepcional", el 8 de marzo, fueron 458.396 los abonados que se quedaron sin servicio, según "los datos recientes que hemos ido obteniendo progresivamente", dijo.

De ellos, 418.000 eran usuarios de Endesa, que había cuantificado en 220.000 los afectados totales. Una parte importante de estos abonados corresponden a segundas residencias. La compañía explicó que entre semana muchas de esas viviendas se encontraba vacías y no podía hablarse de afectados reales.

La oposición se queja de la tardanza de la comparecencia y de la falta de autocrítica

La comparecencia de Castells se celebró dos meses después del temporal, circunstancia que fue criticada por la oposición de CiU, PP y Ciutadans. "¿Autocrítica?, ¡ninguna!", señaló el diputado Antoni Fernández Teixidó. Los partidos de la oposición reclamaron a la Generalitat la asunción de responsabilidades por lo ocurrido.

El consejero de Economía subrayó que su Gobierno actuó en todo momento "con toda firmeza y contundencia" y rechazó "lecciones" de la oposición en materia de apagones.

A Endesa le reconoció "sensibilidad clarísima", además de elogiar que se haya avenido a pagar indemnizaciones, sin asumir necesariamente por ello la responsabilidad por la interrupción del servicio, considerando el "elemento exógeno" del temporal.

Pese al restablecimiento del suministro, hoy aún no puede hablarse de normalización plena del servicio, que se espera para el 30 de junio. A mediados de ese mes será cuando se concluyan los expedientes informativos abiertos a Endesa y a Red Eléctrica (REE), la empresa transportista.

Castells no descartó que estos informes deriven en expedientes sancionadores, pero tampoco excluyó lo contrario. Si, finalmente, hubiera sanciones, las pistas que ofreció ayer el consejero dieron a entender que tendrían más que ver con la gestión de la situación de emergencia que con el estado previo de la red.

"Las pruebas sobre el estado de los materiales no detectan una degradación previa que pudiera generar fallos en la red", comentó Antoni Castells, con la información de que dispone hasta el momento. Y las pruebas realizadas sobre el peso que tuvieron que soportar los cables de la red por la nieve caída son entre 300 y 500 veces superiores a lo que obliga la normativa. Son dos informaciones "suficientemente contrastadas", comentó.

Sin embargo, por lo que respecta a la gestión del desaguisado, sí habló de "problemas, fallos, inconsistencias" y de falta de información a unos usuarios que "se sintieron desamparados" y de "previsiones erróneas", además de "fallos serios" en los protocolos de actuación con los alcaldes, cuya conducta calificó de "ejemplar", y de descoordinación en las tareas de reposición.