El PSPV pide al interventor que aclare la deuda del Parque de Cabecera

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Ferrer, ha enviado una carta al interventor municipal, Ramón Brull, para que explique cómo es que el consistorio debe 1,4 millones de euros por una parcela del Parque de Cabecera, que de haberla pagado en su momento le hubiese costado 270.000. "El Ayuntamiento", explica Ferrer, "debe consignar las obligaciones de pago en el presupuesto por ley. Ahora, por no haberlo hecho, tres propietarios de terrenos

[en lo que hoy es el parque] optan a un pago muy superior al que hubiesen recibido".

Uno de ellos, la familia Trénor, ya sabe que el consistorio le pagará 1,4 millones por su suelo. El Ayuntamiento le debía 270.000, pero al pasar dos años y no cobrar, pidieron la retasación del terreno. Tiempo después ya no era suelo rústico, más barato, sino urbano y más valioso, de ahí que el Jurado de Expropiaciones alzase tanto el precio. Los otros dos propietarios son las familias Cotino y Benlloch, que pidieron también la retasación y optan a más de cuatro millones de euros de sobrecoste. La familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino por ejemplo, ha pedido ahora por sus terrenos, 3,6 millones de euros. El jurado decidirá en las próximas semanas.

El Ayuntamiento empezó a expropiar suelo para el parque en 1998. Fijaba una cantidad y ocupaba el terreno, actividad que repitió hasta completar los 300.000 metros cuadrados de las 140 parcelas afectadas por el parque. La mayoría de los propietarios querían más dinero por su suelo que el que había decidido el gobierno local, así que acudieron al Jurado de Expropiaciones para intentar una salida más ventajosa, cosa que consiguieron: el jurado alzó los precios que había impuesto el consistorio. Éste, que aceptó las decisiones del jurado, pagó la diferencia en algunos casos pero en otros no.

Otras prioridades

Alfonso Grau, primer teniente de alcalde, dijo el viernes que lo que no se pagó entonces "no se pagó porque había otras prioridades". Así, muchas de las cantidades a las que se debía el consistorio quedaron en barbecho, por lo que a los seis meses de la decisión del jurado, según establece la Ley de Expropiaciones Forzosas, empezaron a generar intereses. Este año, el gobierno local debería afrontar el pago de parcelas por cinco millones de euros, pero el presupuesto carece de tal partida. Cuando acabe el año, esos cinco millones estarán generando intereses, sobrecoste que caerá sobre el consistorio además de las decisiones del jurado sobre las retasaciones.