Un 'plan Renove' para las haciendas

La reciente pelea entre Gobierno vasco y diputaciones, surgida a raíz de que alguien ha recordado que las subvenciones de los numerosos planes Renove también tributan a Hacienda, puede servir para refrescar lo anormal de nuestro entramado fiscal foralista. De acuerdo al IRPF vigente, que en esto sigue el precepto bíblico de que "lo que el Estado te da, Hacienda te lo quita, y bendito sea su santo nombre", las subvenciones son ganancias patrimoniales que tributan al tipo marginal, es decir entre el 23% y el 45%.

Ante la alarma de los contribuyentes, que se animaron a consumir animados por la subvención y que ahora veían como ésta disminuía sensiblemente en términos netos, las diputaciones forales han reaccionado con prontitud y al estilo del país. Lejos de reconocer su falta de diligencia al aprobar las normas, donde deberían haber hecho la previsión de que tales subvenciones estaban exentas en el IRPF, algo que ha hecho correctamente la Hacienda navarra, nuestros diputados forales han preferido arremeter contra el Ejecutivo de Vitoria, a quien acusan de no haberles notificado la existencia de esas subvenciones.

Los funcionarios del OCT estaban de siesta cuando aprobaron la norma de 2009

La excusa tiene tela. Euskadi es el único país donde, en la práctica, las normas fiscales las aprueba un reducido grupo de seis funcionarios, tres en representación del Gobierno vasco y uno por cada Diputación que se ocultan bajo las siglas OCT, que algunos traducen por "Órgano de los capos tributarios". Este OCT es quien elabora las normas fiscales, sin que nunca dé cuenta de cuáles son las razones de que proponga subir unos impuestos o bajar otros y sin que nunca rinda cuentas directas a ningún parlamento ni asamblea de nombramiento directo por parte de los ciudadanos. Amparados en nuestro peculiar sistema foral, las propuestas del OCT se votan formalmente por separado en cada una de las tres Juntas Generales, de manera que en la práctica no resulta posible enmendarlas, porque si unas Juntas cambian los impuestos unilateralmente se produce la desarmonización fiscal dentro de Euskadi. Por eso, en la práctica, los políticos vascos se ahorran el duro trago de tener que justificar sus propuestas fiscales en sede parlamentaria.

Pues bien, parece que, acostumbrados a trabajar en la sombra, nuestros funcionarios del OCT estaban de siesta cuando aprobaron la norma de 2009 y se olvidaron de las numerosas subvenciones concedidas en los diferentes planes Renove y no los declararon exentos porque, nos dicen ahora, el Gobierno no les notificó su existencia. Al parecer, estos ilustres e importantes personajes y sus jefes no leen la prensa ni oyen la radio ni ven la televisión, costumbre que en su día también practicaba el famoso fiscal Fungairiño cuando adujo esas mismas razones para explicar por qué no había investigado la existencia de la furgoneta que sirvió para la matanza del 11-M. Nuestros funcionarios del OCT no sólo no leen, sino que, al parecer, tampoco necesitan de subvenciones para cambiar de coche ni de electrodomésticos. Son de otro mundo.

El segundo ejemplo afecta a la forma en la que nuestras haciendas forales han resuelto el engorroso asunto del Impuesto del Patrimonio guipuzcoano. La inhabitual decisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa de no seguir la propuesta del OCT y de seguir recaudando el Impuesto del Patrimonio ha supuesto que la presión fiscal guipuzcoana en 2009 haya sido más alta que la de las otras dos provincias. De acuerdo con la ley de Aportaciones de 2007, eso suponía que Vizcaya tuviera que aportar al Gobierno vasco 15,78 millones de euros adicionales con los que no había contado, millones que, al parecer, necesita para financiar el campo del Athletic. Así que, ni cortos ni perezosos, nuestros foralistas decidieron el pasado mes de febrero no aplicar la ley de Aportaciones a ese concepto y devolverle a Vizcaya esos 15,78 millones. Para que aprendan unas Juntas Generales a salirse del tiesto y a desafiar los dictámenes del OCT.

La tercera noticia es un poco más alentadora. Se confirma que, a instancia del Gobierno de La Rioja, el Tribunal Constitucional va a analizar la legalidad de esa ley española que eleva los acuerdos de las diputaciones forales en materia fiscal al rango de ley. Quizás muchos no lo recuerden, pero desde el año 1989 está aprobada por el Parlamento vasco la ley 3/1989 por la que se regula la forma en que los impuestos vascos pueden ser regulados por ley del Parlamento vasco, de manera que sólo puedan ser recurridos ante el TC, y tengan el control político que es habitual en todo el mundo.

Pero si algo tienen nuestros foralistas es voluntad de no ser controlados por el Parlamento vasco y. por ello, tras oponerse férreamente durante 20 años a que se aplique esa ley vasca, han forzado que el denostado (a veces) Congreso español haga una pirueta jurídica para decir que las normas fiscales de un órgano no parlamentario tengan rango de ley, que es como decir que un peral dé manzanas por decreto.

Espero que, tras el recurso, el Constitucional anule ese engendro jurídico y que finalmente los vascos nos homologuemos con el resto del mundo aprobando nuestros impuestos en nuestro Parlamento y por procedimientos normales y transparentes. Y es que entre tanto plan Renove quizás haya un plan Renove para el entramado foral que nos abruma.