El ex director vizcaíno de Sanidad se saltó la ley para beneficiar a Margüello

El Gobierno considera que ya existen suficientes elementos para trasladar a la justicia las supuestas irregularidades en la contratación de servicios en Osakidetza registradas bajo el mandato del anterior consejero de Sanidad, el peneuvista Gabriel Inclán. El Ejecutivo aprobó el pasado martes e hizo pública ayer su decisión de enviar a la Fiscalía del Tribunal Superior su investigación interna, que concluye que el entonces director territorial de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, pudo prevaricar al conceder la autorización pertinente a una empresa de la que era socio el director de Calidad del Hospital de Cruces en esa fecha, José Carlos Margüello.

Los informes de la investigación interna serán entregados al Ministerio Público la próxima semana, nueve meses después de que Inclán hiciese públicas las "graves" irregularidades constatadas en la adjudicación y los precios pagados a empresas vinculadas a Margüello.

El PNV confía en que termine la "situación de indefensión" de los implicados

Sanidad ha comprobado ahora que Elorriaga firmó el 9 de junio de 2006 una autorización sanitaria de funcionamiento a ra la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI "al margen del procedimiento legalmente establecido". El comunicado hecho público ayer por la Secretaría General de Comunicación recuerda que la firma, que tenía a Margüello como socio, presentó su solicitud en esa fecha y recibió "ese mismo día" el visto bueno del responsable de Sanidad en Vizcaya "sin acto alguno de instrucción del expediente iniciado con la solicitud".

Apenas 17 días después, la compañía lograba un contrato de Osakidetza para atender a pacientes en lista de espera, pese al informe desfavorable de la Oficina de Control Económico del Ejecutivo. Ni el permiso otorgado figura en el sistema integrado de ordenación sanitaria ni la empresa de Margüello consta en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

El Ejecutivo recuerda que otro informe realizado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia y Administración Pública, publicado por EL PAÍS el 11 de febrero, concluía que existen indicios para emprender acciones legales contra Elorriaga por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se pronunció el pasado 10 de marzo y declaró nula la autorización a la compañía de Margüello.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas aún no ha sometido a su pleno el informe provisional sobre las supuestas irregularidades y sus ramificaciones. Una vez que el pleno apruebe el texto provisional, será enviado a los afectados para que presenten sus alegaciones.

El PNV hizo una lectura diametralmente distinta de la decisión del Gobierno, celebrando que "por fin" el caso Margüello pase a manos del Ministerio Público. El grupo parlamentario peneuvista mostró en una nota su deseo de que ello ponga fin a la "situación de indefensión" a la que se han visto sometidos varios ex altos cargos del departamento, "cuya honorabilidad y buen nombre" han sido cuestionados, aseguró. El grupo nacionalista se mostró "muy crítico" con la gestión del caso realizada por actual consejero, Rafael Bengoa, a quien acusó de basarse en informes incompletos. "Sólo una de las múltiples denuncias que realizó el consejero de Sanidad se ha trasladado a la fiscalía", recalcó el PNV, deduciendo que "el resto de las graves acusaciones que hizo han sido aclaradas".

La comisión parlamentaria del caso Margüello aprobará el próximo miércoles su calendario de comparecencias. Su presidenta, la popular Laura Garrido, quiere impulsar el ritmo de los trabajos para que las comparecencias empiecen en mayo, según fuentes parlamentarias. La presidenta quiere celebrar al menos una vista a la semana. Garrido también planteará habilitar el mes de julio para avanzar todo lo posible en la investigación antes de las vacaciones.