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El PSOE asume las demandas de los alcaldes en las leyes locales

Los grupos registran casi 400 enmiendas a los dos proyectos del Gobierno

El grupo socialista ha asumido como propias las objeciones presentadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el trámite de audiencia en el Parlamento autonómico sobre las llamadas leyes locales (ley de Autonomía Local y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la comunidad autónoma). Ambas normas suponen un avance considerable sobre lo que ahora existe, por cuanto implica el reconocimiento de un total de 29 competencias propias de los ayuntamientos y una financiación incondicionada.

La previsión es que en 2011 los 771 municipios andaluces se repartan 420 millones de euros de los ingresos tributarios de la Junta, una cantidad que alcanzará los 600 millones en 2014. Este reparto se hará en función de la población, la superficie, la dispersión y los ingresos de cada localidad por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El PSOE aguantó hasta el último momento para registrar en la Cámara andaluza sus 74 enmiendas. A estas hay que añadir las 331 firmadas por la oposición a ambos proyectos de ley: 180 del grupo popular y 131 de Izquierda Unida. Salvo en los proyectos de ley de Presupuestos, que alcanzan el millar, es muy infrecuente tan alto número de modificaciones por parte de los grupos parlamentarios. El Gobierno se ha comprometido a aprobar las leyes en junio.

Las enmiendas presentadas por el grupo socialista dejan más claras las 29 competencias propias de los ayuntamientos, suprimiendo coletillas o apostillas de redacción que, según entendía la FAMP, implicaban una tutela de la comunidad autónoma sobre los municipios.

Tanto desde el grupo parlamentario socialista como desde la FAMP se hizo hincapié en la creación de un nuevo órgano de representación de los municipios y las provincias andaluzas ante la Junta de Andalucía. El PSOE ha registrado una enmienda, también presentada por el PP, por la que se crea el Consejo de Gobiernos Locales. La idea no es crear un órgano más, sino que "con carácter previo" informe de todas las normas sean del rango que sean de la comunidad que afecten a las competencias propias de los municipios. Las conclusiones del informe no serán vinculantes.

También a través de este órgano los municipios darán su opinión en los trámites parlamentarios que afecten a sus competencias.

Gran parte de las enmiendas socialistas, según fuentes de este partido, son de mejora de redacción legislativa.

El consejero de Gobernación. Luis Pizarro, destacó ayer la "coherencia" de su partido al aceptar el grueso de las iniciativas defendidas por la FAMP, "donde están presentes todos los partidos con representación en los ayuntamientos", durante el trámite de audiencia en el Parlamento regional. E instó a los otros dos grupos parlamentarios a "hacer suya" esa posición de la institución municipal. "Hemos conseguido el acuerdo total con la FAMP", subrayó el consejero de Gobernación.

El presidente de la FAMP y alcalde socialista de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, se mostró satisfecho con las modificaciones planteadas por el grupo mayoritario. "Lo básico y la mayoría de las propuestas de la FAMP se han asumido", opinó Toscano, quien hace semanas protagonizó un fuerte encontronazo con su partido por la redacción final de los dos proyectos de ley salidos del Gobierno andaluz ya que los consideraba insuficientes.

Toscano opinó que la creación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales supone un plus respecto a la situación actual. "Va a garantizar la autonomía local, la lealtad entre los dos ámbitos de gobiernos y desaparecen las tutelas y el cierto vasallaje" de la comunidad autónoma. Según el presidente de la FAMP, las leyes locales andaluzas van a "marcar un antes y un después" en toda España, ya que se mostró seguro de que el resto de las comunidades autonómicas tomarán el camino de clarificar y dar financiación incondicionada a los ayuntamientos. "Esto antes no lo podía decir para no dar alas al Gobierno andaluz", apostilló.

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida pusieron el acento no tanto en las competencias de los ayuntamientos como en la financiación de las mismas. Así, el PP demanda que los ayuntamientos perciban el 6% de los ingresos (no de los tributos) de la comunidad y que el fondo incondicionado en su primera año de vigencia, a partir de 2011, sea de 604 millones, en lugar de los 420 previstos.

El grupo de Izquierda Unida, con el que los socialistas intentarán llegar a un acuerdo en el Parlamento, quiere que los 420 millones se repartan ya este año y que el fondo alcance los 1.000 millones en 2014.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de abril de 2010