La APM desafía al Poder Judicial por la presidencia de la Audiencia guipuzcoana

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calentó ayer con un órdago el segundo proceso para designar al presidente de la Audiencia de Guipúzcoa al volver a proponer como candidato al polémico Juan Pablo González, sobre cuyo historial pesan tensas relaciones con el PNV y la abogacía durante sus etapas como juez decano de Bilbao y vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designación del PP. La agrupación conservadora, mayoritaria en la carrera, se erigió en adalid de su asociado al apreciar "graves irregularidades" que motivaron supuestamente un veto en su contra en la primera votación, el pasado marzo.

El portavoz nacional de la APM, Antonio García, magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior, compareció en Bilbao para exigir la abstención voluntaria en el segundo proceso de Margarita Uria y José Manuel Gómez Benítez, los dos vocales del Poder Judicial, la primera elegida por el PNV y el segundo por el PSOE, a los que acusó de ser "parte interesada" en la designación y de contribuir al boicoteo del único candidato conservador a la Audiencia de Guipúzcoa. García avisó de que si tal renuncia no llega, la APM sopesará la recusación de ambos consejeros en lo que a la plaza donostiarra afecta. Sería la primera solicitud de este tipo relativa a la elección de cargos. "Creemos que existen incluso argumentos suficientes para iniciar acciones legales", añadió.

La asociación amenaza con recusar a los vocales Uria y Gómez-Benítez

El portavoz de la APM recordó la tensión institucional que mantuvo González con el Gobierno de Juan José Ibarretxe para justificar sus sospechas sobre la "predisposición" y los "prejuicios" en que podría incurrir la vocal del PNV. Su intervención, con todo, se centró en descalificar el informe que sobre el candidato conservador realizó el vocal progresista Gómez-Benítez. García sostuvo que sus conclusiones no reflejaron las circunstancias favorables al magistrado y destacaron "las que podrían resultarle adversas". Entre estas últimas citó un documento elaborado previamente por el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, que cuestionaba la idoneidad de González para el puesto, a tenor de su "evidente alejamiento de la realidad social y cultural del país".

El portavoz de la asociación conservadora aclaró que un informe de tales características, concebido para influir en el proceso, sólo se puede remitir al CGPJ en caso de petición expresa por su parte y descartó que éste fuera el caso.

Fue aquí donde García se preguntó: "¿Con qué motivo se redactó? ¿Quién lo solicitó? ¿Es lógico que se realice sólo sobre uno de los aspirantes de la terna? ¿Por qué se preguntó sobre el mismo y por sorpresa a Juan Pablo González durante la entrevista pública?" Acto seguido anunció que la sección territorial de la APM solicitará también al Poder Judicial que determine un protocolo de actuación que dote de "seguridad jurídica" a la elaboración de textos similares para evitar afecciones a futuros candidatos.

No fue su único aviso. García censuró la actitud de Oleaga por su escrito de descalificaciones y solicitó un gesto similar a la junta del Colegio de Abogados de Vizcaya, a la que exigió una retirada inmediata de las acusaciones vertidas para restaurar la imagen de González. Amenazó, de hecho, con la "ruptura de relaciones" si su demanda no es atendida. También citó al Consejo General de la Abogacía Española, al que reclamó un esclarecimiento del apoyo manifestado al texto de Oleaga.

Tras el bloqueo en marzo del primer proceso para designar al presidente de la Audiencia de Guipúzcoa, ante la imposibilidad de llegar a la mayoría necesaria de 11 votos, el segundo ya se ha iniciado. Los aspirantes tienen hasta el día 28 para formalizar su solicitud. El portavoz de la APM confirmó que González volverá a presentarse. Su anterior competidor, el progresista Iñaki Subijana, aún no ha tomado una decisión al respecto, aunque fuentes próximas a él estiman que también repetirá. Las opciones de quien completó la anterior terna, el expedientado Luis Blánquez, están descartadas de antemano y no han surgido por ahora nuevos pretendientes. La votación podría llevarse al pleno de junio del CGPJ.

Mientras, el Tribunal Superior prevé celebrar el próximo 10 de mayo el acto de investidura de Juan Luis Ibarra como su nuevo presidente, en sustitución de Fernando Ruiz Piñeiro. La fecha, sin embargo, todavía no está confirmada, ya que la designación aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. En principio, está prevista la asistencia de un importante número de vocales del CGPJ, además de otras autoridades judiciales y políticas.