El Tribunal Superior da por bueno el plan urbanístico de Brunete

El Gobierno que encabeza Esperanza Aguirre recurrirá en casación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que reconoce aprobado el plan de Brunete por silencio positivo. El Ayuntamiento de la localidad, del Partido Popular, había previsto construir 30.000 viviendas.

La objeción de la Comunidad de Madrid no se refiere a que el planeamiento salga adelante, pese a que echa por tierra su intención de recortar las previsiones municipales de crecimiento de unas 90.000 personas más en un municipio de tan sólo 9.000 habitantes. El principal argumento en contra de esta decisión se refiere a los plazos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Hasta ahora, según explicó ayer la propia presidenta regional, el Ejecutivo contaba con cuatro meses a partir de que se recibía la información del plan, una vez aprobado en el pleno municipal, para sacar adelante o no el PGOU. "Siempre se había entendido que al pedir informes

[al Ayuntamiento, para completar el expediente], se entendía interrumpido el plazo", explicó Aguirre sobre la decisión judicial. Ahora ya no.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia considera que en esos casos el plazo continúa y, por eso, ha dado la razón a los promotores de Brunete, que reclamaron que al haber discurrido los cuatro meses se debía aprobar este plan por silencio positivo.

La Comunidad de Madrid va a recurrir en casación, porque quiere que el TSJ se pronuncie sobre cuál es la interpretación correcta de este fallo. Si, como ha ocurrido con Brunete, no se entiende interrumpido el plazo cada vez que se piden informes, entonces el Gobierno regional contará en la práctica con menos tiempo para tomar su decisión. "Este fallo obliga a la Comunidad de Madrid a decidir en cuanto recibe el expediente, que nunca está completo, y siempre hay que pedir una ampliación", explican fuentes jurídicas del Gobierno regional. "Eso no beneficia ni a la Comunidad de Madrid ni a los municipios".

"¿Qué va a ocurrir con este plan y con otros?", se preguntaba ayer Aguirre. "Es muy preocupante". En este caso queda también, según explicó la presidenta, el plan de Ciempozuelos, cuya tramitación se vio manchada por las acusaciones de corrupción de sus alcaldes socialistas.

Las mismas fuentes jurídicas explicaron que a esos dos municipios no se les puede aplicar la nueva normativa regional de urbanismo. En 2007, tras las elecciones regionales, el PP modificó la Ley del Suelo para introducir la obligación de que la Comunidad de Madrid emita un informe de impacto territorial sobre cada plan. Éste evitará en el futuro nuevos casos de silencio positivo, porque pasado el plazo antes mencionado, aún sigue en manos del Gobierno regional la tramitación del PGOU.