El Consell extiende a la Justicia el modelo sanitario de gestión privada

La deuda que acumulan las cuentas del Consell y el contexto de crisis han abocado al ejecutivo de Francisco Camps, del PP, a exportar al ámbito de la Justicia el modelo privado para financiar otras infraestructuras y dotaciones, como carreteras y hospitales. La participación del capital privado en el terreno judicial se experimentará a propósito de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante. El edificio se levantará en los aledaños de los juzgados de Benalúa.

Tras 12 años de promesas incumplidas, el secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, garantizó ayer a los jueces de Alicante que en el primer semestre de 2013 estará levantada la nueva Ciudad de la Justicia. El alto cargo de la consejería que dirige Paula Sánchez de León aseguró que la obra, presupuestada en 42 millones de euros, se financiará desde la iniciativa privada a cambio de un canon anual (todavía por cuantificar) y la explotación de todos los servicios, salvo los de carácter jurídico. En este segundo apartado, Cabré incluyó, la seguridad, aparcamientos, limpieza, reprografía, servicios informáticos e incluso tiendas. Fuentes de la consejería redujeron luego este último aspecto a los servicios de bar y cafetería, guardería, quiosco de prensa y una librería jurídica.

La empresa gestionará, además, cafetería, guardería, librería y quiosco

Tras la reunión con el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, y los jueces, Cabré indicó que o se recurría a la iniciativa privada o el proyecto no se podía hacer. "El actual contexto de crisis económica obliga a elegir entre este tipo de fórmulas financieras o, por el contrario, paralizar la obra", explicó. "Pero el Consell que preside Francisco Camps opta por lo primero para atender un servicio público esencial", añadió.

Cabré señaló que la primera piedra del anhelado proyecto por parte de la judicatura de Alicante se pondrá antes de que finalice este año y que la obra estará terminada en 30 meses.

El alto cargo del Consell se mostró convencido del interés del sector privado por el proyecto. "Nos consta que hay muchas constructoras y financieras interesadas por la iniciativa, ya que se trata de una oportunidad para relanzar su actividad en estos momentos de crisis", explicó.

El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, expresó su satisfacción por el anuncio de la consejería: "Después de muchos años tenemos sobre la mesa plazos concretos para contar con la dotación", explicó. Magro resaltó otro anuncio de Cabré, la apertura tras el próximo verano de una nueva sección, la 10ª, en la Audiencia de Alicante especializada en causas contra el crimen organizado.

En el mismo sentido se expresó el decano de los jueces de Alicante, Juan Carlos Zerón: "El modelo que se nos ha planteado responde al que demanda una estructura moderna de la Justicia", aseguró. El juez restó importancia a la privatización de la obra y de los servicios. "No influirá en nada en la calidad del servicio de la Justicia, porque se privatizan actividades menores", precisó.

La privatización de las obras de la Ciudad de la Justicia fue, en cambio, rechazada por el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón: "Es un nuevo intento privatizador del PP de servicios públicos esenciales".