El PP prefiere reclamar el Ebro a la unanimidad a favor del Tajo-Segura

Pudo obtener una votación unánime en las Cortes Valencianas, pero prefirió lo contrario. El PP presentó una proposición de urgencia para oponerse a la pretensión castellano-manchega de establecer en el Estatuto de Autonomía una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos anuales y para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura, algo en lo que está de acuerdo todo el espectro de la Cámara. Pero añadió un apoyo explícito a la política hídrica del Consell y una exigencia del derogado trasvase del Ebro que los grupos de la oposición no estaban dispuestos a suscribir. Pese a las invitaciones del resto de portavoces, el diputado del PP Antonio Clemente mantuvo ayer la proposición del PP, que se aprobó sólo con los votos del partido en el Gobierno.

Cotino no aceptaba la palabra "reserva" cuando el PP ya proponía "estimación"

"Mezclan el Ebro para que no podamos llegar a un acuerdo", señaló durante el debate el diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, mientras el portavoz de Compromís, Enric Morera, que había presentado una enmienda a la totalidad, invitaba sin éxito al PP y al Consell de Francisco Camps a "aprovechar la oportunidad" de ponerse "de acuerdo", criticaba la "nefasta gestión" de la política hídrica realizada por la Generalitat y afeaba la instrumentalización del conflicto. También el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró mostró su oposición a la reserva hídrica y su discrepancia con la política del Consell.

Clemente rechazó las invitaciones de la oposición y las acusaciones de utilizar el asunto de manera partidista para asegurar que el del agua no es "un tema electoral, sino un tema importante" y reivindicar el Plan Hidrológico Nacional que se hizo bajo la presidencia de José María Aznar, una norma que incluía el trasvase del Ebro, derogado por José Luis Rodríguez Zapatero y, puntualizó, por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, "que presume de ser valenciana".

Mientras el PP hacía exhibición de su defensa de los trasvases ante representantes de la federación de regantes, que ocupaban la tribuna de invitados, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con quien se entrevistó el lunes Camps, negociaba en Madrid con Mariano Rajoy una nueva redacción del preámbulo del Estatuto castellano-manchego para intentar salvar la desairada posición de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y líder de la oposición en Castilla-La Mancha, que votó el texto inicial, que preveía incluso la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, daba una clave de lo que se estaba cociendo en Madrid al asegurar que el PP valenciano no aceptaba "la palabra reserva en ningún sitio" del Estatuto. Presentaba, así, como actitud de firmeza lo que, en realidad, era una concesión.

El PP, en efecto, propuso en la Comisión Constitucional mantener la referencia a los 4.000 hectómetros cúbicos anuales como una "estimación" de Castilla-La Mancha, eliminando el término "reserva" para salvar el Estatuto castellano-manchego. La propuesta no prosperó.