Dos menores, culpables de la muerte de otro en una gamberrada

"Pleitos tengas y los ganes", dice el refrán. Pero ni ganándolos hay consuelo cuando se trata de la muerte de un hijo. Maira Rivera perdió a su hijo Galo el siete de mayo de 2005. Dos compañeros de colegio cortaron los frenos a la bicicleta de su hijo, aunque él no lo sabía. El chico no pudo frenar, se estrelló contra un coche y murió arrollado por el vehículo. Fue en el cruce de la calle de Cartagena con Sant Antoni Maria Claret. Tenía sólo 12 años. Ahora un juzgado ha condenado a los menores y a sus padres a indemnizar a Maira con 97.636 euros.

Maira, ecuatoriana, lo pasó mal y aún está mal. Ha estado en tratamiento médico y, al final, se puso a pleitear. De momento, ha ganado una batalla judicial, aunque el fallo aún no es firme y es recurrible por ambas partes. El suceso se produjo en la parte alta de la calle de Cartagena, que tiene pendientes tan pronunciadas como las que hay en algunas calles de San Francisco. La madre de Galo ha dicho que los chicos habían discutido unos días antes del trágico siniestro que costó la vida a su hijo. El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona relata que el día del siniestro los amigos fueron al domicilio de Galo, para que fuera con ellos "a dar una vuelta con su bicicleta". El juez dice que aunque los dos chicos se culpan mutuamente y la idea pudo venir de uno de ellos, el otro colaboró y propició que Galo se alejara de la bicicleta "para poder manipularla con mayor libertad de acción o de movimiento y, sobre todo, no advirtiendo a Galo de que los frenos estaban manipulados y dejándole que se lanzase a tumba abierta" por la pendiente de la calle de Cartagena.

El niño de 12 años se precipitó a 70 kilómetros por la calle de Cartagena

El chico recorrió "370 metros (...) a una velocidad próxima a los 70 kilometros por hora", dice el fallo judicial. Una investigación de la Guardia Urbana ha corroborado que había habido manipulación en los frenos de la bicicleta de Galo. Maira no quiere hacer declaraciones, pero una fuente cercana a ella afirma que recurrirá el fallo judicial. También se da por hecho que las dos familias ahora condenadas lo harán. Además, una de ellas, oriunda de Argentina, volvió a ese país y el juez dice que no han colaborado en la causa. Maira intenta olvidar desde un lugar de la costa mediterránea fuera de Cataluña. Ha estado 700 días sin trabajar y "ha sufrido y sufre un trastorno depresivo mayor y una reacción de duelo patólogico".