El censo óptimo de cajas
La reestructuración de las cajas de ahorros es la acción medular de la reforma del sistema financiero. Desde julio de 2007 hasta la fecha ha quedado prácticamente demostrado que las cajas españolas necesitan una reconversión profunda, es decir, una reducción del número de entidades y una disminución drástica de los costes (vale decir, del número de oficinas). Una intervención reciente del nuevo presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, cristaliza esta idea que ya estaba clara prácticamente desde la creación del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Según el ex director del FMI, desaparecerán 25 de las 45 cajas actuales y el 30% de las sucursales. La hipótesis de Rato, una traslación casi mecánica de las estadísticas sobre los costes de las crisis financieras mundiales asociadas con recesiones, debería complementarse con una llamada urgente a que la reestructuración se inicie de una vez por todas y concluya con rapidez, de forma que las cajas reforzadas que emerjan del proceso estén en condiciones de financiar cualquier atisbo de recuperación económica.
Pero el estado de esta cuestión sigue siendo ostentosamente confuso. Las fusiones de cajas tardan demasiado en concretarse y se han orientado en una línea autonómico-proteccionista que no va a resolver el problema de fondo de los balances de las entidades. Si el mercado financiero es global y el mercado español debe considerarse como una unidad (y no como diecisiete), carece de sentido el localismo de campanario que gangrena el método de estructuración mediante fusiones y que tiene sus dos exponentes más ruidosos en Galicia y Valencia. En la fusión de las cajas gallegas defendida por Núñez Feijóo hay muy poca racionalidad financiera; basta menos que en una fusión con cajas de otras comunidades autónomas. Pero el gobierno autonómico gallego, como el de Camps, conciben las cajas como una ventanilla local, al servicio de las inversiones autonómicas; por esta visión mezquina están dispuestos resistir y, de paso, socavar la autoridad del Banco de España, que es la institución que debería decidir (pero que parece haber renunciado a ello) cuál es la composición óptima del censo de cajas.
Y por este hilo se llega fácilmente a una definición de lo que debería haber sido (y ya no será) el pacto de Estado contra la crisis. En una concepción más ambiciosa del pacto, el PP (o el PNV, o CiU) hubiera defendido en los gobiernos autonómicos que controla esa composición óptima del censo de cajas elaborada por el Banco de España. De esa forma no habría existido el riesgo de fricción institucional (autonomías contra Banco de España) y la reestructuración financiera no se hubiera demorado hasta exceder el periodo de vigencia inicial del FROB.
La resistencia de los poderes locales no es el único problema a la vista. El procedimiento de las fusiones aparece ahora como excesivamente politizado, largo de tramitar y finalmente poco eficaz si no se completa, antes o después, con una recapitalización de las cajas resultantes y de algunos bancos. No son pocos los que se preguntan si un trámite añadido de inyección de capital a cajas (solitarias o fusionadas) después de una demora de dos años de conversaciones, presiones y enfrentamientos para la reestructuración de estas entidades, no pondrá en riesgo la recuperación de la economía.
