Un agujero de 300 millones deja Astilleros al borde de la liquidación

Finalmente se descubrió el pastel. La auditoría realizada por los dos administradores únicos de las sociedades Astilleros de Sevilla y Huelva han puesto de manifiesto un agujero patrimonial de más de 300 millones de euros, graves vicios ocultos en la contabilidad, producción y situación económico-financiera de ambas factorías, y la posibilidad de reclamaciones superiores a otros 200 millones.

La hoja de ruta que la Junta diseñó tras más de ocho meses de negociaciones con los propietarios de las atarazanas ha quedado desactivada y ha situado a los astilleros de Sevilla y Huelva en la bancarrota y con una difícil solución de futuro.

Tras el análisis de las cuentas, falseadas en la negociación con la Junta por los propietarios privados de los astilleros, los nuevos administradores han propuesto a la Junta una modificación de la hoja de ruta que, además de exigir una aportación mínima de fondos de 170 millones de euros, requieren de un acuerdo unánime de armadores, Junta y Ministerio de Industria, acreedores (incluidas entidades financieras y la industria auxiliar), Pymar (garante de contratos), y la UE.La situación económico-financiera de los Astilleros de Huelva y Sevilla que se reflejó en el acuerdo de 22 diciembre contenía datos falsos, entre ellos, pérdidas ocultas en los balances, deudas no contabilizadas, y trasvases de fondos entre una y otra sociedad, condición que el acuerdo reflejaba como resolutoria del pacto.

El plan de reflote necesita 170 millones y un acuerdo múltiple

Los administradores nombrados por los dueños de Astilleros de Huelva, José Luis Álvarez García, para la atarazana onubense, y Ángel Díaz-Munío Roviralta, para la sevillana, han puesto sobre la mesa la verdadera y catastrófica situación de ambas sociedades.

En el caso de Huelva, la auditoría realizada revela un déficit patrimonial a efectos contables de 65,5 millones de euros, que elevaría el agujero económico de la compañía por encima de 200 millones. En el caso del astillero sevillano, que presentaba mayores opciones de viabilidad por su capacidad tecnológica y ser el mayor privado de España, los administradores han contabilizado deudas de más de 75 millones de euros con empresas auxiliares, suministradores y bancos. Además, la factoría debe a la Autoridad Portuaria cerca de medio millón de euros que podrían suponer la suspensión de la concesión administrativa.

La auditoría ha puesto de manifiesto artificios contables de forma que las cuentas auditadas de 2008 reflejaban un patrimonio neto de 5,5 millones de euros y 0,7 millones de fondos propios, mientras que las cuentas provisionales a diciembre de 2009 desvelan un "déficit patrimonial neto de 61,3 millones de euros" y fondos propios negativos por valor de 65,6 millones, lo que elevan a efectos reales el agujero de la factoría sevillana a más de 100 millones.

Además de ese maquillaje contable, los administradores descubrieron pérdidas no contabilizadas en 2008 por valor de 24,4 millones, y un trasvase de fondos del Astillero de Sevilla al de Huelva, presidido por Rafael Gómez Naranjo, por valor de 7,3 millones de euros, condición resolutoria de la hoja de ruta.

Asimismo se ha puesto de manifiesto que los propietarios del Astillero de Huelva, encabezados por Gómez Naranjo, propietarios del 80% del de Sevilla (el otro 20% es de la firma Contenemar en concurso de acreedores) eran a su vez los principales accionistas de las compañías Nueva Lima y INH, industrias auxiliares que prestaban servicios al astillero.

Una última información desvelada ahora es que la carga de trabajo que se suponía para los próximos dos años, no existe al haberse rescindido por parte de los armadores la totalidad de los pedidos de barcos, con excepción de uno cuya fecha de revocación cumple en mayo y cuya construcción aún no ha empezado.

Los administradores han trasladado a la Junta la gravísima situación y han aportado varios escenarios para resolver la situación. La primera alternativa pasaría por la liquidación de ambas factorías, asumiendo costes laborales y concursales, que supondrían la pérdida de casi 500 empleos directos (246 en Sevilla y 242 en Huelva, que suma 107 propios y 135 adheridos de las sociedades auxiliares de la propiedad). El coste de esta operación se elevaría a 60 millones de euros.

Un segundo escenario, que necesitaría de una inyección de entre 100 y 110 millones, necesitaría de un acuerdo muy oneroso para los armadores, además de la entrada de un potente inversor, y se da por descartado.

El tercer escenario necesita una inyección de 170 millones de euros para el mantenimiento de la actividad durante los dos próximos años y la conclusión de los cinco barcos pendientes. La propuesta necesitaría de un difícil acuerdo entre todos los implicados. Los administradores proponen que las Administraciones asuman 60 millones y que los armadores aporten otros 10 millones de sobrecoste sobre los encargos, en el caso de Huelva. En el caso de Sevilla, la cuenta elevaría la aportación pública otros 30 millones, mientras que la sociedad de garantía Pymar debería asumir otros 20 millones; 13 millones deberían obtenerse de financiación privada y lo más difícil: se necesitaría una quita de la deuda de acreedores por 38 millones.

Cualquier escenario pasaría por tener operativas regulaciones de empleo temporal en Sevilla y Huelva, y un ERE en Sevilla que activara el acuerdo de liquidación del sector público naval firmado por la SEPI e Izar. Los administradores se han dado un plazo de 15 días para adoptar una decisión definitiva tras una ronda de consulta con los implicados.