El Gobierno prohibirá por ley las campañas de propaganda institucional

Las campañas de publicidad, propaganda y comunicación de las administraciones públicas vascas van a tener por fin una regulación por ley, de la que Euskadi carece hasta la fecha y de la que sí disponen otras comunidades autónomas y la Administración estatal. El Gobierno central cuenta con una regulación desde el año 2005, lo mismo que Cataluña (2000), Andalucía (1995), Valencia, Aragón (ambas en 2003), Asturias (2006) y Castilla y León (2009).

El texto del proyecto de ley, que el Ejecutivo espera aprobar en breve, establece en su primer artículo que será de aplicación a "las administraciones públicas del País Vasco", es decir, el Gobierno, el Parlamento, las diputaciones, los ayuntamientos y cualquier consorcio o entidad de sus respectivos sectores públicos. Aquí encontrará su primer escollo, por la resistencia de las diputaciones a someterse a esta regulación apelando a sus propias competencias. La nueva norma les impondría además limitaciones que ahora no tienen ante las elecciones forales de 2011.

La ley hubiese impedido publicitar el 'plan Ibarretxe' con dinero público

El Gobierno describe 11 supuestos en los que se podrán contratar campañas de publicidad o comunicación y dicta la prohibición de hacerlo en otros cinco. Entre estos últimos, figura, en primer lugar, realizar campañas que difundan propuestas de partidos no aprobadas por las cámaras representativas (el Parlamento o las Juntas Generales).

Esta primera limitación habría impedido, por ejemplo, la vasta publicitación del plan Ibarretxe que realizó el anterior Ejecutivo con cargo al presupuesto, tras presentarlo en el debate de política general de 2002, que se materializó en el envío a 815.000 hogares de la propuesta. Fue sólo una de las muchas actuaciones previas a la aprobación del plan en la Cámara dos años después. El uso de dinero público en aquellas campañas, muy controvertidas en su momento, colea aún, pendiente de una petición de información al actual Gobierno sobre los recursos invertidos en promocionar la iniciativa soberanista.

Tampoco podrán las administraciones hacer autobombo de sus logros de gestión, ya que se entiende que las campañas no responden al interés de quienes gobiernan, sino a su obligación de proporcionar la mejor información al ciudadano, como parte de su obligación de garantizarle sus derechos y facilitar su participación en la vida pública.

Todas las campañas institucionales, tanto de publicidad como de comunicación, estarán prohibidas en períodos electorales desde el día de la convocatoria de los comicios hasta su celebración, algo ya previsto como legislación básica en la ley que aprobó el Congreso en 2005. Igualmente, no podrán realizarse campañas que perturben políticas de otro poder público y las que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas, contrarios a los derechos humanos y a los principios valores y derechos democráticos y constitucionales, o las que inciten, de modo directo o indirecto, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.

El proyecto de ley impide que las instituciones usen en sus campañas símbolos, lemas, ideas, expresiones, diseños o imágenes similares a los de cualquier partido u organización social y, a la inversa, que los partidos usen elementos que evoquen las campañas institucionales. Todas deberán identificarse con claridad como tales e incluir la mención expresa de la administración promotora. El texto obliga también a que las campañas se desarrollen en las dos lenguas cooficiales.

El Gobierno ha renunciado a incluir la creación de una Comisión de Publicidad y Comunicación, con representación de todas las administraciones, para evitar la proliferación de órganos y la burocracia añadida.