Hernández evita explicar el despido del responsable del control urbanístico

La destitución del director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Hipólito Pérez, de tres de los jefes de servicio provinciales y el desmantelamiento de este organismo que ha acometido el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, llegaron ayer al Parlamento gallego para que la Xunta ofreciese una explicación. Sin éxito.

Por dos veces, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, interpeló a Hernández para conocer los entresijos del despido del funcionario que puso en marcha el órgano de control que ejecutó las primeras órdenes de derribo desde el nacimiento de la autonomía (83 en dos años) y sobre todo, el porqué del cambio de la normativa para situar la agencia bajo mando político. No hubo respuesta de Hernández, que se limitó a subrayar su apuesta por una APLU "más eficaz y eficiente".

La Xunta reserva 600.000 euros para 200 demoliciones en este ejercicio

"¿Por qué modificó los estatutos para que el mandato no coincida con las legislaturas del conselleiro? ¿No es cierto que a usted no le gustó el acuerdo de la agencia y la fiscalía para intercambiar información porque perjudicaba a algunos alcaldes?", inquirió en su turno Barcón al conselleiro, que negaba con la cabeza desde su escaño. Hernández explicó que su objetivo es hacer una agencia "más receptiva a los ciudadanos" y reprochó a los socialistas que sólo se preocupen por ella después de la destitución de su director.

Pese a todo, el conselleiro de Territorio eludió juzgar la labor inspectora y del personal de este organismo. Ni siquiera explicó el motivo que le llevó a perder la confianza en Hipólito Pérez, un funcionario de la Xunta que ya trabajó en el departamento de disciplina urbanística cuando Alberto Núñez Feijóo asumió la cartera de Política Territorial y la Vicepresidencia Primera, en el último Gobierno presidido por Manuel Fraga.

Sí avanzó que la consellería de Territorio presupuesta este año 600.000 euros para llevar a cabo 200 demoliciones. Hernández defendió además que los permisos para obras menores en las primeros 100 metros de la costa recaigan sobre la Secretaría Xeral de Urbanismo en lugar de en la agencia, para que todas las competencias sobre autorizaciones los gestione un mismo departamento.

De acuerdo con su argumentacíón, los cambios en la relación de puestos de trabajo de la agencia, que pierde a 16 des sus inspectores, obedecen a este nuevo reparto de tareas. La portavoz socialista recordó que la normativa urbanística debe cumplirse en todas partes, "también en Barreiros".

Gobierno y oposición se enzarzaron en el Parlamento sobre si Galicia es o no la comunidad que menos empleo destruyó el último año. El presidente lo repitió varias veces en el hemiciclo. El PSdeG esgrimió luego las cifras de la EPA para demostrar que nueve autonomías tuvieron mejor comportamiento. El debate derivó en una guerra de comunicados entre PSdeG Y PP.