Cuatro millones para desconvocar la huelga

El fantasma de la huelga que amenazaba con paralizar, por primera vez desde 1984 y quinta vez en la historia, el fútbol español este fin de semana se esfumó ayer en cuanto el sindicato de jugadores logró el compromiso de la Federación (FEF) y de la Administración de remediar los problemas de los futbolistas más humildes. Los 207 futbolistas pendientes de cobrar los 4,1 millones de euros que les dejaron a deber los ocho clubes de Segunda B descendidos la temporada pasada por impagos encontraron una solución. La FEF se hará cargo de tres millones y la cantidad restante saldrá de la modificación del Real Decreto de las Quinielas, que en adelante destinará un 1% de su fondo al fútbol no profesional. "Se ha llegado a un acuerdo en un tiempo récord", expresó emocionado Luis Rubiales, presidente desde hace apenas un mes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La entidad que preside Villar se hará cargo de tres millones y el resto saldrá de las quinielas

El ex futbolista, que acabó con los 20 años de reinado de Gerardo González Movilla, adelantó que espera nuevos acuerdos con la FEF, responsable de Segunda B y Tercera -la Liga de Fútbol Profesional (LFP) lo es de Primera y Segunda- en las próximas semanas. Los futbolistas entienden que el Fondo de Garantía destinado a Segunda B, que se prevé aumentar de 300.000 euros a un millón, se queda "muy corto" y reclaman la creación de uno para Tercera, que ni siquiera está regulada por un convenio.

Sindicato, patronal y Federación dirimieron sus diferencias en la sede del CSD tras dos horas de reunión, dedicadas casi en exclusiva a la inseguridad reinante en las categorías más modestas, responsables en buena parte de que sólo el 15% de los futbolistas cobren religiosamente. "Se ha solucionado un conflicto y se ha avanzado en el fortalecimiento del fútbol español", recalcó satisfecho Jaime Lissavetzky, clave de que se llegase a un final feliz.

La rauda intervención del secretario de Estado, que había arreglado las diferencias entre AFE y LFP el día anterior comprometiéndose a modificar el Real Decreto que regula la distribución de los beneficios de las Quinielas -la LFP percibe el 10% de los ingresos, de los que un tercio termina en sus arcas, otro financia la seguridad en los estadios y el restante se dedica al plan de saneamiento de 1990, cuando el Estado intervino para evitar la bancarrota del fútbol-, facilitó el consenso.

La Liga se decía incapacitada por la falta de recursos para cumplir con el convenio vigente con el fútbol profesional, que la obliga a cubrir la mitad de las deudas de los clubes que entren en Ley Concursal. Aunque Lissavetzky considere que los males del sector "son estructurales y no puntuales", el Gobierno dio con una solución al permitir a la LFP que destine la partida para el mantenimiento de los campos, de alrededor de cuatro millones, a los avales que necesiten los equipos en concurso de acreedores. "Hemos sabido entender las necesidades de los futbolistas", se congratuló el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, que junto a su vicepresidente, Javier Tebas, agradeció la modificación del Real Decreto.

Todos los dirigentes del fútbol español salvo uno se citaron en la casa del CSD. Al igual que el día anterior, el presidente de la FEF, Ángel María Villar, no acudió y volvió a delegar su presencia en Jorge Pérez, el secretario general del organismo. Nadie de la FEF justificó la ausencia a la reunión de su mandatario con una amenaza de huelga sobre la mesa y con las demás partes señalándoles como responsable de que las negociaciones no llegaran a puerto antes. "Lo más seguro es que se arregle", declaró Villar ufano por la mañana, tras decidir con su junta directiva la sede de la final de Copa en la sede de la Federación de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, a las afueras de Valladolid. La agenda de la FEF, que debe 6,8 millones al sindicato de jugadores -"estamos con una mano delante y otra detrás", había explicado de forma muy gráfica Rubiales-, forzó que el cónclave no diera comienzo antes de las ocho de la tarde.

El anterior conato de huelga de los futbolistas se produjo antes de que arrancara la temporada de 1997-98. Entonces cada club podía contar en su plantilla, de 25 jugadores como máximo, con seis extranjeros no comunitarios de los que sólo cuatro podían coincidir en el césped. La intención de la AFE era reducir el número de foráneos sin ningún vínculo con la UE a tres, dos y uno por plantilla, de forma progresiva a partir de ese curso. La exigencia no se llevó a efecto.