"Aquí metemos a los detenidos en el trastero"

Con nueve años en la carrera judicial, Ana Sánchez García, de 37 años, se lio la manta, dejó su puesto de secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, y se marchó a Mozambique. "En Exteriores buscaban a un jurista con experiencia en tribunales para cooperar en un programa de la AECID de apoyo a la modernización del Poder Judicial de ese país", dice en la terraza de un restaurante del barrio de Costa del Sol, en Maputo. Estamos frente al Índico, en un lugar óptimo para un menú marinero.

Ana Sánchez llegó hace cinco meses a esta ciudad, con un contrato de un año renovable hasta tres y la misión de asesorar al Supremo mozambiqueño. El alto tribunal tiene 12 miembros y cubiertas sólo la mitad de las plazas. Todas por hombres, aunque "hay un gran número de mujeres jueces en la carrera judicial".

La ex secretaria judicial de Garzón asesora al Supremo de Mozambique

En un primer balance de su misión, destaca "los grandes esfuerzos y la inmensa voluntad de un país carente de medios por consolidar un incipiente sistema judicial, con la colaboración puntual de otras naciones". La escasez de recursos es patente. En los juzgados se escribe manualmente e Internet sólo está al alcance de algún juez que lo paga de su bolsillo. Los tribunales suelen estar en casas alquiladas. "Muchas veces hay que pasar por la cocina para ir de un despacho a otro. El trastero del jardín se habilita para los detenidos". En el interior del país la situación es peor. Y el presupuesto del proyecto de la AECID es limitado, 150.000 euros. "Es un trabajo de titanes", dice, porque esta cantidad incluye a los invitados que llevará "casi ad honorem" de España para unas jornadas sobre el sistema penal procesal. "Jueces y fiscales con trayectoria. Cuento con nombres importantes".

Todo ello en un país donde la justicia debería ser un pilar básico para la gobernabilidad. Cuando le pregunto por las mayores deficiencias judiciales en Mozambique, responde tan rápido que por poco se le atraganta una gamba. "Siguen funcionando los tribunales comunitarios, a los que acuden muchos ciudadanos. Están basados en la tradición y chocan frontalmente con el ordenamiento jurídico implantado constitucionalmente". Es un asunto delicado, del que la asesora ha hablado con el vicepresidente del Supremo. Menciona que el hecho de que muchos recién nacidos no se inscriban en el Registro Civil "causa alarma en algunos países de la comunidad internacional, que se centran en la vulneración de derechos fundamentales, sin tomar en cuenta los factores que lo determinan, tradicionales, culturales, económicos y de desarrollo, ni proponer vías de solución, atendiendo a la realidad del país".

Al mal funcionamiento de los tribunales ordinarios hay que añadir que para presentar una demanda hay que pagar un impuesto, el 10% de la cuantía del procedimiento. Sea un contencioso por una herencia, deuda, reclamación de cantidad, despido o separación. "El salario mínimo en Mozambique es de 2.000 meticais (unos 50 euros). Pueden presentar el atestado de pobreza, pero requiere mucho papeleo". Lógicamente, el número de demandas civiles es casi nulo.

En los postres, confiesa que le encanta la comida local, frecuenta los mercados populares y procura consumir productos locales. Claro que tiene una ventaja: "Me cocina Rosinha, que me cuida bien".