La juez rehúsa archivar el espionaje a Cobo y Prada

La juez ha rechazado la pretensión de la defensa de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre de dar carpetazo a su investigación y sobreseer el caso por falta de pruebas. Tras esta decisión, siguen imputados por un presunto delito de malversación tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y el ex director general de seguridad regional, Sergio Gamón. La juez ve improcedente exonerarles cuando espera "nuevas pruebas" que pueden "afectar directamente a los imputados".

Entre las diligencias pendientes se encuentra el informe sobre los posicionamientos de los móviles en abril de 2008 de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje que está rematando la policía y será clave para demostrar si, amén de seguir al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -probado por un informe similar referido a mayo de 2008-, también vigilaron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, un mes antes.

La magistrada que investiga el caso, Carmen Valcarce, igualmente ha rechazado la solicitud del abogado, el ex fiscal Enrique Molina, de interrogar al periodista de este diario que destapó el caso para que revelase las fuentes de su información. La juez alude en su escrito a que sería una repetición de la declaración que ya prestó dicho informador sobre estos hechos ante la fiscalía en enero de 2009, tras estallar el escándalo.

El defensor de los agentes de Aguirre recibe un tercer revés jurídico: la juez rechaza su cuestionamiento del personamiento como acusación del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y de su defensa mediante letrado del Ayuntamiento. El escrito de la juez es tan sintético como contundente: "No ha lugar a la exigencia de nuevos requisitos procesales para la personación como acusación particular de don Manuel Cobo, que viene ejerciendo en su nombre el letrado del Ayuntamiento de Madrid".

Con todo ello, se derrumba como un castillo de naipes la estrategia de la defensa, que se resume así: que la juez archivara el caso por falta de pruebas contra los presuntos espías del Gobierno de Aguirre o que, de no acceder a tal petición, que el periodista identificara a las fuentes de su información. Las tres víctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores- y la propia fiscalía han rebatido tal pretensión por compartir el criterio de que ahora no toca archivar por falta de pruebas, sino de ejecutarlas y de finalizar la instrucción. Entre las pruebas pendientes, amén del informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 de los agentes sospechosos, falta la pericial caligráfica de José Manuel Pinto, empleado de Granados identificado por dos grafólogos contratados por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.