El Gobierno reclama a Barberá que detenga los derribos en El Cabanyal

El Gobierno exigió ayer al Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat que detengan los derribos y cumpla con la orden del Ministerio de Cultura, que suspendió el plan especial de El Cabanyal por expolio. Si no se para la tramitación del plan, el Ejecutivo podrá tomar medidas.

Con el enfrentamiento entre policías -locales y nacionales- y vecinos del martes todavía reciente, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, presentó al Ayuntamiento de Valencia un requerimiento donde pide que deje sin efecto las licencias de derribo aprobadas y suspenda "de forma inmediata" la ejecución del Plan Especial de El Cabanyal -que proyecta la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa de cientos de casas en el barrio-. "De no atenderse el requerimiento en 48 horas, este ministerio podrá ejecutar las medidas que garanticen la protección del interés público en juego", reza el escrito.

Barberá asegura que para hacer la Gran Vía de Madrid se eliminaron 14 calles

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, desechó el requerimiento porque "el señor Peralta sabe que incumpliría con ello la ley autonómica, en vigor desde el martes y de mayor rango que la del ministerio". La regidora comparó a continuación El Cabanyal con la Gran Vía de Madrid. "Para hacer esa gran vía hubo que derribar hace 100 años 14 calles del centro de Madrid, parte de una iglesia y el teatro Lara", concretó Barberá que lamentó que esta ampliación se haya conmemorado en Madrid "mientras aquí tenemos que paralizar el plan". La regidora insistió de nuevo en que los derribos llevados a cabo el pasado martes son legales y están amparados por una ley autonómica y cuentan con licencias de derribo. De la actuación policial, Barberá anunció que la Policía Local de Valencia ha presentado "un atestado-denuncia" a los juzgados "por si hay un posible delito de desacato", dijo en alusión a los políticos de la oposición, que acudieron el martes al barrio para apoyar a los vecinos y acabaron desalojados por la policía.

Desde la Delegación del Gobierno, Peralta insistió en el requerimiento: "El Ayuntamiento haría bien en cumplir con la orden [ministerial] y aunque fuera sólo con carácter temporal no llevar a cabo ningún derribo hasta que los tribunales no se pronuncien a instancias de esta delegación". Peralta presentó el mismo día de los derribos a los juzgados una petición para que se paralizaran con urgencia. El juzgado no vio la urgencia y anunció su pronunciamiento en 10 días.

En el barrio, la plataforma cívica Salvem El Cabanyal ha convocado esta mañana a los vecinos para que recorran el barrio en busca de demoliciones y denunciar si se incumple la orden del Ministerio de Cultura. Faustino Villora, dirigente de Salvem, ya paseó ayer por las calles del barrio para comprobar si se ejecutaban nuevos derribos. En esa ronda, Villora dio con un inmueble, situado en el 31 de la calle de Francesc d'Eiximenis, en el que una constructora trabajaba en el interior. "Desmontaban un tejado de uralita, trabajo previo al derribo", precisó. Estos vecinos pidieron al empresario la licencia y éste al final se la mostró. "Era de derribo", dijo Villora.

El cruce de denuncias siguió con la presentada por la diputada de Compromís pel País Valencià en las Cortes Valencianas Mònica Oltra, ante el juzgado de guardia. La parlamentaria formuló una denuncia contra los concejales del gobierno local Alfonso Grau, responsable de Grandes Proyectos, y Miguel Domínguez, delegado de Seguridad, por si los cinco derribos ejecutados el martes fueran constitutivos de delitos contra el patrimonio histórico, "tipificados en el Código Penal".

Las reacciones a lo sucedido tan solo 24 horas antes en el barrio llegaron de todos los rincones. "Los gobernantes estamos para solucionar los problemas", apuntó la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, quien lamentó que la alcaldesa "eleve el volumen de la crispación y del conflicto" cuando "debería ser todo lo contrario", dijo. Alborch también estimó inadecuada la actuación policial que se llevó a cabo para garantizar la ejecución de estas demoliciones.

Otras formaciones políticas como Els Verds-Esquerra Ecologista y Esquerra-VLC condenaron los derribos y las cargas policiales contra los vecinos.

La coordinadora de EU, Marga Sanz, que ya acudió el día anterior a los juzgados tras ser desalojada a la fuerza por la policía, reclamó a Peralta que abra un expediente informativo para "exigir responsabilidades y depurarlas" en relación con la actuación del martes de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.